Por Martín Piqué y Darío Aranda, para Página/12
La reaparición de la Presidenta en la sala de Convenciones de Olivos tenía un tema de fondo: el anuncio de medidas para el sector rural afectado por la crisis económica y la sequía. Pero el discurso de la mandataria incluyó una sorpresa para un auditorio que no se caracterizaba por el espíritu crítico hacia el modelo de la soja transgénica. Ante los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Hermes Binner (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), la Presidenta informó que había instruido a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, para que realice una investigación oficial sobre el impacto para la salud de los agroquímicos utilizados en la fumigación de campos. Se trata, particularmente, del glifosato producido por la empresa Monsanto y del endosulfán, que en el país es comercializado por la multinacional Dupont. “Son hechos muy importantes, hacen a la salud de todos los argentinos y ahí uno no puede entrar en cuestión de competencias y jurisdicciones”, aseguró CFK.
El párrafo que la Presidenta les dedicó a los agrotóxicos pareció contener un mensaje sutil a los gobernadores de provincias sojeras. “Si bien esto es competencia exclusiva de municipios y provincias, le he pedido a la ministra de Salud de la Nación que realice una investigación”, afirmó. Según pudo averiguar Página/12, la Presidenta avisó a Ocaña que iba a hacer una mención a la contaminación con agroquímicos el martes a la tarde. También le anticipó que iba a ordenarle públicamente que iniciara una investigación sobre las consecuencias para la salud del uso del glifosato. Tras escuchar a CFK, Ocaña solicitó a funcionarios de su cartera que se contactaran con especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad de Córdoba. “Estamos trabajando desde el martes con este tema. Recién estamos empezando. Vamos a convocar a las universidades nacionales”, informaron a este diario desde el entorno de Ocaña.
Este lunes, Página/12 publicó en su tapa una investigación sobre todos los casos de contaminación con agrotóxicos que fueron denunciados en la Argentina. Según las denuncias de médicos, ONG y movimientos de campesinos, el glifosato comercializado por Monsanto (se lo vende con el nombre de Roundup) está produciendo malformaciones en los embarazos, problemas de fertilidad, enfermedades respiratorias, cáncer, problemas en la piel, vista y oído en localidades de Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Formosa. En esas denuncias coincidieron el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de Resistencia, Horacio Lucero, que depende de la Universidad del Nordeste, y un grupo de epidemiólogos y endocrinólogos del Hospital Italiano de Rosario.
Los efectos de los agrotóxicos también fueron denunciados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esa organización confirmó las denuncias de vecinos a partir de un caso particular: el del barrio Ituzaingó Anexo, ubicado a treinta minutos del centro de la capital de Córdoba, donde viven unas cinco mil personas. El barrio está literalmente rodeado por campos de soja. Los sembradíos se extienden hacia el sur, norte y este del ejido urbano. Apenas una calle los separa de las edificaciones. En Ituzaingó Anexo ya hay comprobados doscientos enfermos de cáncer. Es común observar por sus calles mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, afectados por leucemia. Enterado del caso, el fiscal de instrucción del Distrito III de Córdoba, Carlos Matheu, ordenó una medida cautelar que impide que se fumigue a menos de 500 metros de las zonas urbanas. También estableció una distancia mínima de 1500 metros para las fumigaciones aéreas.
El fiscal también ordenó estudios bioquímicos en los patios de las casas del barrio. Los resultados mostraron presencia de endosulfán y glifosato. El funcionario del ministerio público siguió con allanamientos a galpones de chacareros y procesamientos a varios productores sojeros, al propietario del avión fumigador y al piloto que lo solía volar sobre las viviendas de Ituzaingó Anexo. Los acusó de haber violado la Ley Provincial de Agroquímicos y de incurrir en la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo sienta un precedente en todo el país, más allá de que la contaminación en muchos casos está reglamentada por leyes provinciales.
El tema tampoco es nuevo para el Ministerio de Salud. En 2002, esa cartera publicó un estudio realizado en la localidad santafesina de Bigand con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. La investigación se hizo en conjunto con la cátedra de Toxicología y Química de la UBA. Las conclusiones fueron contundentes: “Más de la mitad de los encuestados y el ciento por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. En su inmensa mayoría, no tienen contrato de trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos e irritación respiratoria. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, detallaba. A pesar de que la investigación se publicó hace seis años, el Ministerio de Salud no siguió con esos estudios ni volvió a ocuparse del asunto en los años siguientes.
Hasta que la Presidenta, sorpresivamente, lo mencionó en su discurso.
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