Unasul elabora plano para apoiar democracia na região

GEORGETOWN, Guiana (Reuters) - Os chanceleres dos países membros da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) definiram na quinta-feira um pacote de medidas para punir as nações da região que romperem a ordem democrática, em um encontro descontraído no qual velhas disputas ficaram de lado.
A chamada "cláusula democrática" deverá ser ratificada e assinada pelos presidentes e chefes de Estado da Unasul que irão se reunir na sexta-feira na capital da Guiana.

"Estabelecemos a aplicação de sanções muito fortes contra qualquer golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado, de alteração da democracia e constitucionalidade ... limitação do comércio, fechamento de fronteiras terrestres, de operações aéreas e suspensão de comércio com esse país", explicou o chanceler equatoriano, Ricardo Patiño.

A decisão é um apoio claro à democracia no Equador, que sofreu em 30 de setembro um protesto de policiais exigindo benefícios econômicos, o que Quito qualifica como tentativa de golpe de Estado que colocou em perigo a democracia.

A Unasul reagiu rapidamente em apoio a um de seus integrantes --além de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela-- e se reuniu de maneira extraordinária em Buenos Aires a pedido do então secretário-geral Néstor Kirchner.

"Temos um acordo global entre os ministros de Relações Exteriores que vamos apresentar aos presidentes. Eles resolverão se estão totalmente de acordo com nossa redação", disse Patiño.

Os chanceleres demoraram para chegar a um consenso e, por isso, Patiño esclareceu que não há temas pendentes no documento que será entregue aos mandatários.

Devem participar da cúpula os presidentes de oito dos 12 países membros do organismo: Argentina, Suriname, Equador, Guiana, Colômbia, Paraguai, Brasil e Venezuela.

Os presidentes também tratarão de discutir a eleição do sucessor de Kirchner, que morreu no fim de outubro. Patiño afirmou que o tema não foi tratado pelos chanceleres.

¿Los dictadores van a volver?

Por Irina Hauser, para Página/12

Una mañana de 1979 mi hermano entró en mi habitación con los ojos desorbitados: “¡Mamá está durmiendo con el tío Oscar!”, gritó. Yo tendría ocho años. El, siete. Juntos fuimos en puntitas de pie y espiamos desde la puerta. Mamá no estaba durmiendo con el tío. Era papá, que se había afeitado la barba. Esa barba tupida con la que siempre lo conocimos. “Qué extraño”, pensamos.

Gracias a que existe el feriado del 24 de marzo, hoy en las escuelas se habla de la última dictadura, incluso en los jardines de infantes. Así fue como mi hija de cinco años llegó a casa muy orgullosa de lo que había aprendido y me dijo: “¿Sabías que en la dictadura no dejaban a los varones usar el pelo largo, ni barba, ni dejaban escuchar cierta música, ni hacer arte?”. Me quedé pasmada escuchándola y, como mencionó la cuestión de la barba, le conté la anécdota sobre mi viejo. Le divirtió, pero enseguida puso las cosas en su lugar: “Mamá, los dictadores eran muy malos, trataban muy mal a los que no tenían las mismas ideas que ellos”. Después se quedó pensativa. “¿Los dictadores van a volver? ¿Existen todavía?”, me preguntó. El otro día una amiga me contó que su hija de cuatro años le había dicho lo mismo. La misma duda, el mismo temor. Con el agregado de una sensación de peligro quizá más palpable, ya que mi amiga es hija de desaparecidos. Mis cicatrices son otras, pero también están. Tardé años en entender el cambio de apariencia de mi papá, por qué me ponía a llorar cada vez que veía un militar, por qué en mi casa quemaban los libros, por qué me daba taquicardia pasar por el Regimiento Patricios. Más allá de las historias personales, mi amiga y yo compartimos una sensación de alivio: por suerte, comentamos, les pudimos decir a nuestras hijas que la mayoría de los represores están presos. Y cientos están siendo enjuiciados, al fin. Qué bueno tener una respuesta tranquilizadora.

La semana pasada Angela Urondo, hija del escritor Francisco “Paco” Urondo y Alicia Raboy, me hizo notar que hay grietas que persisten. Una muy profunda está en Mendoza, donde en 1976 mataron a su papá y desaparecieron a su mamá. En esa provincia los represores andan sueltos, los liberaron. Porque todavía hay jueces cómplices, que lo fueron durante el terrorismo de Estado y ahora intentan beneficiar a sus antiguos aliados. “Yo no me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre”, dijo Angela. Me estremeció. Me quedé pensando en todos los juicios que faltan. Y en cuánta gente repite últimamente que está harta de oír hablar de la dictadura.

“Quiero transmitirles seguridad a mis hijos, ¿cómo hago?”, planteó Angela en el Consejo de la Magistratura, que investiga a tres camaristas mendocinos por apañar crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos, Luis Miret, dejó el cargo para evitar que lo destituyeran. Pero como la Presidenta todavía no decidió si acepta su renuncia, el jueves último lo suspendieron igual y lo mandaron a juicio político. Angela presenció la votación. Cuando volvió a su casa escribió en su blog: “La sensación es confusa. Parece felicidad, pero no es, es un poco menos de amargura”. Su blog se llama “Pedacitos”.

Ella, mi hija, mi amiga. Con sus palabras, me confirmaron la importancia de poder decirles a nuestros hijos (y a nosotras mismas) que ya está, ya pasó, ya pasó. Qué necesario es poder mostrarles que hay un cierre para esta historia. Todavía falta, y tal vez no estemos tan lejos.

By pass mediático

Cena de Cidadão Kane:

Los gobiernos progresistas tienen batallas diarias con los medios y a la vez viven en ellos. Cómo se creó la dinámica.

Por José Natanson, para Página/12

Los gobiernos de la “nueva izquierda” que hoy ejercen el poder en buena parte de los países latinoamericanos libran batallas cotidianas contra los medios. El quiebre del sistema de partidos en algunos países, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, abrió un espacio que fue ocupado por la prensa, que en algunos casos lideró a las fuerzas opositoras. Pero incluso en aquellos países en donde el tránsito al pos-neoliberalismo fue más gradual y sereno hay conflictos entre el gobierno y los medios. Esto se verifica en la decisión de muchos presidentes de crear un “by pass mediático” que les permita comunicarse directamente con la sociedad, el impulso a leyes regulatorias y la ampliación del complejo de medios públicos. Y, como telón de fondo, el hecho de que, por primera vez en décadas, el cuestionamiento a las instituciones de la democracia afecta también a los medios de comunicación.

Medios en el vacío

Entre todos los cambios que viene registrando la política, uno de los más notables es el proceso de desafección, en el sentido de una mayor distancia, a menudo teñida de desilusión, escepticismo y bronca, entre representantes y representados, acompañada por un debilitamiento de las tradiciones partidarias clásicas: ser peronista o radical en Argentina, o adeco o copeyano en Venezuela, o liberal o conservador en Colombia, ya no significa lo mismo que en el pasado. Con los partidos desestructurados, a veces astillados en mil pedazos incomprensibles, la política se asemeja a un proceso fluido, sin marcos y difícil de decodificar.

Esta tendencia –que, insisto, es global– se ha verificado de manera extrema en algunos países de América latina. Entre mediados del siglo pasado y principios del actual, varios países de la región vivieron crisis económicas que marcaron el final del ciclo neoliberal en medio de estallidos sociales y represiones con distintos grados de violencia. El tránsito del neoliberalismo a la “nueva izquierda” se procesó de manera más o menos constitucional, pero dejó sus secuelas. Fue así como sistemas partidarios que venían funcionando desde hacía años, a veces décadas, volaron por los aires: es el caso del Punto Fijo venezolano, de la “democracia pactada” boliviana y del sistema ecuatoriano, que en poco tiempo, a veces en cuestión de meses, dejaron de existir.

En estos países, el sistema político se recompuso a partir de la emergencia de liderazgos de alta popularidad (Chávez, Evo, Correa, Kirchner), que supieron reconstruir la autoridad presidencial y se propusieron un amplio programa de reformas. Pero tal recomposición abarcó sólo a una parte, la oficialista, del sistema político, dejando a la oposición sumida en una maraña de enredos internos, rencillas personales y desorientación. Este vacío fue ocupado por otros actores, incluyendo, o comenzando por los medios de comunicación, que en algunos países, y en ciertos momentos, asumieron la conducción política de la oposición (en algunos casos acompañados por otros poderes fácticos, como los gobiernos autonómicos en Bolivia o la burocracia petrolera en la Venezuela del 2002).

Bernardo Sorj lo explica bien en su libro Poder político y medios de comunicación. “En el contexto del debilitamiento de otros medios tradicionales de articulación de voces de la oposición en la región, en particular de los partidos y los sindicatos, los medios aparecen como los únicos factores capaces de articular críticas al poder público.” Esto se vería reforzado por el hecho de que, como explica Fernando Ruiz en el mismo libro, el periodismo latinoamericano se encuentra más cerca del modelo de periodismo militante y políticamente comprometido originario de Europa occidental que del modelo profesional y supuestamente neutral que prevalece en el mundo anglosajón.

Primera idea entonces: el clima de polarización y enfrentamiento entre el Estado y los medios es menos el resultado de los ánimos censuradores de los gobiernos de izquierda o del espíritu desestabilizador de la prensa que de las condiciones políticas que se viven en la actualidad.

Esto no implica ignorar los conflictos de intereses, por supuesto existen, sobre todo cuando los medios se encuentran imbricados en complejos económicos que incluyen al agro (en Argentina), las finanzas (en Ecuador) o los hidrocarburos (en Bolivia). Simplemente, se trata de poner en contexto estas nuevas tensiones. No es casual, en este sentido, que los países que no registraron estallidos sociales ni quiebres políticos, en donde el tránsito al pos-neoliberalismo se produjo de manera más serena y gradual, la tensión gobierno-medios no haya adquirido semejante intensidad. Es el caso de Chile, Brasil y Uruguay. Sin embargo, un repaso por varias experiencias latinoamericanas revela parecidos incluso con estas naciones.

Leyes regulatorias

La batalla entre el Estado y los medios ha asumido, en algunos casos, forma legal, a través de la propuesta o sanción de leyes tendientes a regular la actividad mediática. Se trata de un tema complejo que conviene estudiar caso por caso y cuyo análisis en profundidad excede las posibilidades de este espacio. Sin embargo, es posible apuntar algunas primeras conclusiones.

En general, la reacción ante estas iniciativas adquiere la forma de un reflejo corporativo que asume como un atentado a la libertad de expresión cualquier intento por regular las telecomunicaciones o la prensa. Pero no necesariamente debería ser así. Existen, por ejemplo, razonables regulaciones de mercado, que apuntan a evitar las posiciones monopólicas o dominantes. Esto sucede incluso en países muy celosos de la libertad de empresa y las garantías individuales, como Estados Unidos, donde las normas establecen límites a la propiedad cruzada de licencias de TV, radio y cable, fijan cuotas máximas de mercado y limitan la posibilidad de que una misma empresa controle medios gráficos y audiovisuales.

El proyecto ecuatoriano, por ejemplo, prohíbe que una compañía dueña de un banco sea también la propietaria de un medio, con el argumento de que la orientación editorial del segundo puede quedar atada a los intereses del primero. La ley de medios argentina, aprobada en el Congreso tras un largo debate, apunta a desmonopolizar el panorama mediático estableciendo cuotas de mercado y prohibiendo el control de cierto número de licencias en la misma área geográfica. Algo similar podría ocurrir si el Congreso vota el proyecto oficial para declarar de “interés nacional” la producción de papel para diarios, lo que les permitiría a los editores acceder al insumo básico a un precio igualitario.

Pero el eje son siempre los medios audiovisuales. Las leyes y proyectos aprobados o en debate establecen una distribución equitativa de las frecuencias entre el Estado, el sector privado y el sector comunitario o de la sociedad civil (es el caso de Argentina y Ecuador y también de los proyectos que se discuten en Bolivia y Uruguay), fijan cuotas de producción nacional (Argentina, Ecuador, Venezuela) y establecen horarios y pautas para la protección de los niños (todas).

El tema se torna más complejo al analizar los procedimientos sancionatorios, en particular cuando éstos contemplan la suspensión –temporal o definitiva– de las licencias. El caso extremo es Venezuela. En mayo de 2007, fortalecido tras arrasar en la campaña por su reelección, Chávez decidió no renovar la licencia de RCTV, el canal más antiguo del país, con el argumento de que había apoyado el fallido golpe de Estado del 2002. La licencia estaba vencida y el Estado tenía la posibilidad de no renovarla. Por otra parte, el canal siguió transmitiendo por cable.

El trámite, sin embargo, fue irregular. Desde el punta de vista jurídico, si había una responsabilidad debía recaer sobre personas naturales –los dueños del canal– y no sobre la empresa. Desde el punto de vista político, la intencionalidad está clara: el resto de los canales también habían acompañado la intentona golpista, pese a lo cual el gobierno les permitió seguir operando, básicamente porque, finalmente convencidos de que había Chávez para rato, decidieron suavizar su línea editorial. El hecho de que Chávez haya formulado el anuncio de RCTV en un establecimiento militar y vestido de uniforme no ayudó a tranquilizar los ánimos. La OEA protestó, y el presidente respondió tildando de “insulso” a su titular, José Miguel Insulza.

La decisión se suma al cierre de 32 radios primero y otras 29 después, con el argumento de que no cumplían con los requisitos legales para operar, y a las 40 causas –entre las iniciadas por funcionarios del gobierno y las presentadas por particulares– contra el único canal claramente antichavista, Globovisión. Los motivos son variados: durante una entrevista con el director de RCTV, Globovisión difundió imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II con la canción de Rubén Blades “Eso no termina aquí” de fondo. El gobierno acusó a la emisora de incitar subliminalmente al magnicidio. En otra oportunidad, el canal fue denunciado por poner al aire un mensaje de texto de un televidente convocando a un golpe de Estado. En las últimas elecciones, Globovisión recibió otra denuncia por transmitir la reacción de un candidato a la gobernación de Carabobo que instó a tomar las oficinas del Consejo Nacional Electoral, disconforme con el resultado.

Estos procedimientos sancionatorios se encuadran en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte). Aprobada en diciembre de 2004, la norma prevé sanciones, que pueden llegar a la suspensión por 72 horas continuas de la señal, para “aquellos medios que difundan mensajes que promuevan o hagan apología o inciten a la guerra o a la alteración del orden público”. Hay que señalar, además, la decisión –de la Justicia, no del gobierno, aunque obviamente hay sospechas sobre la influencia de éste sobre aquélla– de detener al dueño de Globovisión por una causa judicial que, aunque aparentemente no tendría vinculación con su actividad periodística, marca una coincidencia es llamativa. Y el fallo –de la justicia, no del gobierno– prohibiendo al diario El Nacional difundir imágenes de los muertos en una morgue de Caracas con el argumento de que “vulneran la integridad psíquica y moral de los niños, niñas o adolescentes”.

El tema es complejo, pues alcanza con revisar rápidamente los portales antichavistas, que difunden abiertamente opiniones en algunos casos golpistas, racistas e injuriosas, para confirmar que la libertad de expresión sigue viva. Venezuela no es Cuba. Y el gobierno no es el único actor en este juego peligroso: los medios venezolanos, en especial la televisión, lideraron el intento de golpe de Estado de 2004 y luego siguieron ubicándose, por momentos, en posiciones claramente desestabilizadoras. En todo caso, Venezuela se sitúa en un lugar particular, diferente al de Argentina o Bolivia, donde las leyes no regulan contenidos, el Estado no ha decretado la suspensión de ninguna licencia, no se ha aplicado la censura ni política ni judicial y no existen casos de periodistas presos.

Paradoja final

Los datos del Latinobarómetro 2009 confirman que los medios de comunicación se encuentran a la cabeza de los rankings de confianza en diversas instituciones, superados sólo por la Iglesia, y muy por arriba del gobierno, la empresa privada, la policía o los sindicatos. Sin embargo, la confrontación, en algunos países muy directa, con presidentes que gozan de una altísima popularidad, ha contribuido a ponerlos en cuestión por primera vez desde el inicio de la última ola de democracia en América latina. La reacción destemplada de muchos de ellos ha contribuido a romper contratos de lectura basados en una supuesta aunque imposible neutralidad o independencia.

Los medios, cada vez más centrales, también son más discutidos. Existe hoy una conciencia cada vez más amplia en cuanto al verdadero lugar de los medios en la democracia: no sólo una arena sino también un actor en el debate político. En su famoso libro La democracia y los partidos políticos, el sociólogo ruso Moisei Ostrogorski afirmó: “La función de las masas en una democracia no es gobernar sino intimidar a los gobernantes”. En tiempos de globalización y auge de las nuevas tecnologías no sólo gobiernan los políticos, sino también, en algún sentido, los medios. La novedad es que la sociedad ha comenzado a intimidarlos.

CON MENEM ESTABAMOS MEJOR

El subsecretario para América latina del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, se reunió con Cobos, De Narváez y Macri y empresarios norteamericanos y fue escéptico sobre posibles inversiones del exterior. Dura respuesta oficial.

Por Mercedes López San Miguel, para Página/12

Obama dijo en la Cumbre en Trinidad y Tobago que comenzaba una nueva era en la relación entre Estados Unidos y América latina. Entre esa frase dicha en abril y el fin de año su administración dio señales ambiguas: condenó el golpe en Honduras, pero apoyó las elecciones y cerró un acuerdo con Colombia para instalar a sus militares en siete bases en el país sudamericano. Ayer la señal fue dirigida a la Argentina. El flamante secretario de Estado adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, afirmó ante medios argentinos convocados en la embajada de EE.UU. en Buenos Aires que los empresarios norteamericanos le expresaron su “preocupación”. “Escuché que existe preocupación por temas de seguridad jurídica y de manejo económico en Argentina y que, a menos que haya cambios, no podrían realizarse las inversiones que se planean”. Por las dudas, aclaró que “vine a escuchar, no vine a dictar cátedra. Escuché distintos puntos de vista, de distintos sectores”.

Estas declaraciones referidas a temas internos del país motivaron la reacción del Gobierno. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que la Argentina vive una etapa de plena garantía institucional y jurídica. “Ha dejado atrás la etapa en la que un funcionario de otro país venía a decirle cuáles eran las garantías que pretendían en beneficio de sus propios intereses. Si hay algo diferente a la década del 90 en Argentina es que el Gobierno hoy defiende los intereses de su pueblo y en aquel entonces defendía los de las empresas que se llevaban millones de dólares al exterior”. A estas críticas se sumó un comunicado del ministro de Justicia Julio Alak, que calificó de “insólitas e injustificadas” las declaraciones de Valenzuela. “La seguridad jurídica es un bien fundamental en el país, que ha sido protegido y rescatado incluso en las condiciones más adversas, derivadas de la crisis de 2001 y 2002”, aseguró. También la Cancillería dijo lo suyo: “El gobierno de Cristina Fernández no recibió quejas de empresas estadounidenses con intereses e inversiones en Argentina”, puntualizó.

Durante la conferencia de prensa, el ex asesor en temas regionales de Bill Clinton había agregado que él, como ex funcionario del Departamento de Estado, había recibido una versión mucho más optimista de los empresarios en el ’96, durante el gobierno de Carlos Menem, como un dejo nostálgico de la época de las relaciones carnales.

Valenzuela estuvo en Buenos Aires por dos días como parte de una gira por los países del Mercosur. Durante la conferencia, el representante para América latina dijo cómo ve la relación bilateral, pero sin explayarse. “Los temas que le podrían preocupar a Estados Unidos sobre Argentina son muchos, pero lo que quiero subrayar es que se busca un diálogo para tener un mejor entendimiento.”

Este académico de la Universidad de Georgetown asumió el cargo el 10 de noviembre, pero su nombramiento estuvo congelado desde julio en torno de la posición de Estados Unidos en el conflicto en Honduras. Al parecer, fue confirmado en el Congreso luego de que la administración demócrata diera garantías a la bancada republicana de que iba a reconocer los comicios en el país centroamericano, realizados el pasado 29 de noviembre.

Página/12 le preguntó a Valenzuela por qué Estados Unidos no presionó lo suficiente para que el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, fuera restituido. El experto en temas relacionados con el origen y la consolidación de la democracia contestó con amabilidad. “No hay ningún país que haya hecho un esfuerzo más grande por la restitución de Zelaya. La elección de Honduras venía de antes. La apreciación de Estados Unidos era que esta salida electoral era parte del retorno a la democracia en Honduras. Pero era solamente una parte. Fuimos siempre consistentes: primero condenamos el golpe, luego acompañamos la voluntad unánime de la OEA de suspender a Honduras como miembro del sistema interamericano. Y después apoyamos la firma de la declaración de San José el 30 de octubre (para que se formara un gobierno de unidad nacional y que el Congreso votara la restitución o no de Zelaya).

–Pero el Congreso hondureño recién votó la “no” restitución tras los comicios.

–Avalamos la firma del acuerdo de San José y después aceptamos los comicios. A mí me detuvieron la nominación porque un senador no quería que fuera confirmado, quería que apoyáramos las elecciones sin condiciones (el senador era el republicano Jim DeMint). Eramos conscientes de que había violaciones a los derechos humanos, interferencia a la prensa y que algunos candidatos se retiraron, es decir que el contexto era de autoritarismo. Seguimos reconociendo a Zelaya como el presidente legítimo de Honduras hasta que no haya un traspaso de mando y la vuelta de Honduras a la OEA para ver que se cumplan hacia adelante los elementos que están en el acuerdo de San José.

Antes de llegar a Buenos Aires Valenzuela, quien se desempeñó como subsecretario adjunto en Asuntos Latinoamericanos durante la Administración Clinton, estuvo en Brasil, en una cita con el asesor de Lula en temas internacionales, Marco Aurelio Garcia. Allí quedaron evidenciadas las diferencias de Washington y Brasilia en torno de la situación en Honduras y la instalación de las siete bases norteamericanas en Colombia.

–¿No cree que el acuerdo militar con Colombia va en sentido contrario a un acercamiento con la región?

–Es un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad. Tiene que ver con la cooperación que hemos establecido en la lucha contra el narcotráfico; no tiene un alcance extraterritorial.

Se le preguntó si habían quedado superadas las críticas que hiciera Obama a su par colombiano Uribe por la situación de los derechos humanos en Colombia. Valenzuela lo negó. “Nos preocupa el tema de los derechos humanos. Lo de los falsos positivos es algo muy serio. El Congreso norteamericano ha sido reticente en aprobar un tratado de libre comercio con Colombia por las preocupaciones que ha habido sobre la situación de los sindicalistas en ese país... Pero buscamos relaciones maduras, entre socios que se tienen confianza.”

En esta nueva era Valenzuela se muestra esperanzado. “Soy de los que ve para las Américas un momento promisorio.”

mercelopez@pagina12.com.ar

INFLUÊNCIA DO IMPERIALISMO NORTE-AMERICANO NA AMÉRICA LATINA DIMINUI

Uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal afirma nesta quarta-feira que a política externa do Brasil "está decepcionando" o governo do presidente americano, Barack Obama.

Em uma reportagem que examina o que chama de "resistência às suas políticas (dos EUA) para a região", o diário financeiro diz que a crescente influência brasileira e de outros países na América Latina é um "desafio" para Washington.

"Ao mesmo tempo em que permanece o principal ator na América Latina, o poder dos Estados Unidos é contido por vários fatores, incluindo a ascensão do Brasil como uma potência regional, a influência de uma facção de nações antiamericanas lideradas pela Venezuela e a demonstração de força da China, que enxerga os recursos latino-americanos como chave para o seu próprio crescimento".

Entre os episódios que, segundo o artigo, puseram o governo Obama em desafino com a região estão Cuba, o uso de bases militares na Colômbia e a crise política em Honduras.

Nesta última, diz o WSJ, os países latino-americanos "se ressentiram" de seus laços históricos com os EUA e demandaram inicialmente uma definição de Washington sobre a deposição do então presidente Manuel Zelaya em Honduras.

Quando definiu sua posição, entretanto, os EUA se distanciaram de grande parte da América Latina, incluindo o Brasil.

"A divisão é um dedo na ferida das relações com a região", sustenta o WSJ. "Washington ficou especialmente aborrecido com a visita do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil como parte de um giro no qual também visitou a Venezuela e a Bolívia, e recebeu apoio para seu polêmico programa nuclear."

Para o jornal, "a ascensão do Brasil como potência hemisférica está se tornando um desafio e – em termos de política externa – uma decepção para o presidente Barack Obama, que, como George W. Bush, desenvolveu um relacionamento próximo com o carismático presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

A reportagem avalia que "a América Latina está profundamente dividida entre nações pró-EUA, como México, Colômbia e Peru, e um bloco de países populistas que inclui Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua. Chávez às vezes também encontra aliados na Argentina e no Brasil".

Na avaliação do The Wall Street Journal, outra razão para o menor peso dos EUA na região é a presença cada vez maior da China, que "está financiando a estatal brasileira de petróleo (Petrobras) em US$ 10 bilhões".

Observação: este artigo é da BBC, exceto o título.

Paraguai rejeita presença de militares americanos no país

Aquífero Guarani (área azul):

Marcia Carmo
De Buenos Aires para a BBC Brasil

O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, rejeitou, nesta quinta-feira, a presença de cerca de 500 militares americanos no país em 2010, como parte do programa de cooperação conhecido como “Novos Horizontes”.

O programa, já realizado anteriormente em território paraguaio, prevê exercícios, assistência médica e perfuração de poços, entre outras iniciativas.

“Não é uma rejeição categórica. Mas simplesmente não acreditamos ser conveniente que o Comando Sul dos Estados Unidos esteja presente no Paraguai com 500 soldados para este tipo de exercícios”, afirmou o presidente durante uma entrevista coletiva na capital, Assunção.

Lugo afirmou ainda que a decisão está relacionada à postura da Unasul (União de Nações Sul-Americanas) sobre os acordos regionais de defesa.

Segundo o presidente paraguaio, a Unasul “gerou um novo panorama nas áreas de defesa, segurança e soberania”.

“A integração regional está em primeiro lugar”, afirmou.

América do Sul

Nesta semana, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa dos países que integram a Unasul se reuniram em Quito, no Equador, para discutir o acordo militar entre Colômbia e Estados Unidos que prevê o uso de bases colombianas por tropas americanas.

O acordo tem gerado polêmicas na Unasul, formada por doze países, e foi tema da recente reunião entre os presidentes, em Bariloche, na Patagônia argentina.

Após o encontro em Quito, o chanceler paraguaio Héctor Lacognata pediu o fim da “carreira armamentista” na região.

Recentemente, Brasil e Venezuela, entre outros países, anunciaram investimentos na área de defesa.

Reação

Depois do anúncio do presidente Lugo, a embaixadora dos Estados Unidos no país, Liliana Ayalde, afirmou que os americanos respeitam a decisão, mas considerou a iniciativa como “lamentável”.

Segundo ela, a operação “Novos Horizontes” é de “caráter humanitário”, realizada há anos em vários lugares do mundo.

“É uma missão com muitos benefícios”, disse.

A embaixadora destacou que o programa inclui aspectos médicos, de engenharia (com obras em escolas e para água potável), além de treinamento de militares paraguaios, e é realizado em áreas afastadas e rurais.

“Para nós, é uma oportunidade de chegar a áreas geralmente afastadas, onde não existe acesso a vários serviços”, declarou.

Ayalde afirmou ainda que a operação é realizada em forma conjunta com o Exército paraguaio.

Segundo a imprensa paraguaia, a embaixadora descartou que a operação tenha outros objetivos, como vigiar a reserva Aquífero Guarani - – uma das maiores reservas subterrâneas de água do mundo.

De acordo com uma matéria publicada no jornal Ultima Hora, de Assunção, uma das principais reclamações sobre o programa é a de que, além dos exercícios, assistência médica e perfuração de poços, as tropas americanas fazem um trabalho de inteligência e observam o Aquífero Guarani, no departamento de São Pedro.

Amorim alerta sobre acordo militar entre Colômbia e EUA

PARIS (Reuters) - O chanceler Celso Amorim manifestou nesta quinta-feira a preocupação do Brasil com relação ao acordo militar que permite aos EUA usar sete bases militares da Colômbia, e disse torcer para que o encontro regional de sexta-feira na Argentina resolva essa questão.

O acordo enfrenta forte resistência de alguns lideres latino-americanos, especialmente do venezuelano Hugo Chávez, que o aponta como uma agressão "imperialista".

Bogotá e Washington dizem que o acordo se destina a combater o narcotráfico e o terrorismo, e a Colômbia levou nesta semana à Organização dos Estados Americanos uma queixa contra a Venezuela por supostamente interferir nos seus assuntos internos.

Mas Amorim disse nesta quinta-feira, em Paris, que a Colômbia tem a obrigação de responder às preocupações de seus vizinhos.

"É claro que o Brasil respeita o direito soberano da Colômbia de assinar acordos internacionais que julgar relevantes para garantir a ordem em seu território", disse o ministro das Relações Exteriores numa conferência de embaixadores franceses em Paris.

"Mas, mesmo assim, a presença de bases estrangeiras na América do Sul desperta sensibilidades de uma natureza política e até psicológica, que devem ser levadas em conta", acrescentou.

Na opinião do chanceler, qualquer arranjo nesse sentido deveria conter garantias jurídicas quanto ao uso de pessoal e equipamentos estrangeiros.

Governantes sul-americanos se reúnem na sexta-feira na cidade argentina de Bariloche para discutir a questão. O Brasil convidou o presidente dos EUA, Barack Obama, para comparecer ao encontro e apresentar argumentos que tranquilizem os países da região.

Amorim disse que o encontro da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) será uma oportunidade para que a questão seja resolvida "de maneira cooperativa e pacífica."

(Reportagem de James Mackenzie)

Conflitos entre polícia e indígenas terminam em 33 mortes no Peru

Alan Garcia:

Um protesto de indígenas no Peru terminou com a morte de pelo menos 33 pessoas nesta sexta-feira.

A manifestação, contra leis que os indígenas consideram como "prejudiciais" a suas comunidades, aconteceu na Província de Bagua, que fica na região amazônica.

De acordo com a Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (AIDESEP), que representa os indígenas, pelo menos 22 manifestantes da etnia awajún morreram nos confrontos com a polícia.

Onze policiais também teriam morrido nos enfrentamentos, de acordo com o primeiro-ministro Yehude Simon. Segundo ele, apenas três manifestantes teriam morrido.

Os conflitos tiveram início na madrugada de sexta-feira, quando policiais tentaram liberar uma estrada que havia sido bloqueada pelos indígenas.

A ação gerou protestos e, por volta do meio dia, segundo a imprensa peruana, as manifestações se espalharam pelas cidades de Bagua e Jaén, onde edifícios públicos foram incendiados.

Os manifestantes protestavam contra uma nova legislação que permite que empresas estrangeiras explorem a madeira, minérios e instalem grandes fazendas nas terras habitadas por indígenas.

Acusações

O presidente do Peru, Alan García, lamentou as mortes e responsabilizou os incidentes a "falsos dirigentes indígenas".

Em entrevista à BBC, o chanceler peruano, José Antonio García Belaúnde, afirmou que os manifestantes "portavam armas de fogo" e que teriam atirado contra helicópteros e "logo conseguiram matar policiais".

Já a organização indígena AIDESEP negou as acusações e responsabilizou o poder executivo pelas mortes, por ter ordenando a repressão aos protestos.

Em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente da AIDESEP, Alberto Pizango, afirmou que os indígenas foram "fuzilados" pelos policiais. Ele pediu também a "atenção internacional" para o caso.

Protestos

Grupos indígenas peruanos estão realizando, desde o último dia 9 de abril, protestos contra uma série de decretos legislativos do presidente Alan García.

Entre as leis questionadas pelos indígenas está uma que regulamenta o manejo dos recursos hídricos do país e outra que estabelece parâmetros para a administração de recursos florestais.

A nova legislação foi estabelecida em 2008 pelo presidente, com o uso de poderes especiais concedidos a ele pelo Congresso para o processo de implementação do acordo de livre comércio entre Peru e Estados Unidos.

As comunidades indígenas argumentam que a legislação é "prejudicial" a seus direitos, por permitir a "privatização" das florestas e dos recursos hídricos.

Até agora, os protestos incluíram bloqueios de estradas, o fechamento de válvulas de gasodutos e o bloqueio de rios para navegação.

América Latina: de las venas abiertas a mundo al revés

Andy Robinson, desde Caracas para La Vanguardia

Hugo Chávez eligió "Las Venas abiertas de América Latina" para Barack Obama, regalo que provocó un ataque de nervios en medios españoles que calificaron el libro de Eduardo Galeano como una "bomba arrojadiza", una obra de izquierdismo trasnochado, "científicamente sin fundamento" (Antonio Caño en 'El País'). Lo cual es un poco como atacar el Infierno de Dante por una falta de rigor técnico. Quizás por bomba arrojadiza se refería subliminalmente al eslogan "¡Libros como armas!" de los sandinistas nicaragüenses ya que Venezuela ha erradicado el analfabetismo en los últimos años. Da la casualidad que Margarita Molina, una maestra de la muy acertadamente denominado Misión Robinsón en Venezuela de enseñanza de lectura y escritura, me ha dicho hoy en Caracas que ya podrían descontinuar el programa ya que "según la Unesco, ya no existe analfabetismo en Venezuela".

Pero lo cierto es que un regalo más contemporáneo para Barack Obama de la obra de Galeano habría sido "El mundo al revés". Porque hay más optimismo en América del Sur -y sobre todo en Brasil- que en muchos países ricos en esta crisis gestada en Wall Street, una crisis "de ojos azules y pelo rubio" según el calificativo del presidente brasileño Lula da Silva. Y curiosamente ese optimismo tiene que ver con las grandes posibilidades que aun tiene la capacidad exportadora de materias primas y alimentos básicos en América Latina, precisamente la "maldición" del modelo Potosí, según la tesis de las "venas abiertas" y las teorías estructuralistas de dependencia.

El FMI calcula que la región "tocará fondo a mediados de este año y empezará a crecer en el segundo semestre mientras en las economías avanzadas no será positiva hasta mediados del 2010". Achaca la resistencia de economías que en otras décadas fueron las primeras en caer al "reformismo pragmático" del nuevo consenso de Washington: prudencia fiscal, blindaje financiero, con la acumulación de dos billones de dólares de divisas y superávit por cuenta corriente que convirtió a países como Brasil y México en acreedores de los ricos. La deuda externa de la región se ha cortado a la mitad -está en el 20% del PIB- desde el 2000 y sólo una pequeña parte está denominada en dólares.

Algunos en Washington hasta cuentan con que la crisis haga lo que miles de llamadas desde embajadas estadounidenses en Caracas, Quito o La Paz -y algún telefax de la CIA- no hicieron: marcar los límites del giro latinoamericano hacia la izquierda. Venezuela, castigada por su laxitud fiscal, una inflación del 30% y una generosidad excesiva con programas antipobreza, pasará seis años sin crecimiento, advierte el FMI. Argentina y Ecuador, por su parte, "(...) pueden entrar en un largo estancamiento" culpables de declarar moratorias sobre sus deudas externas "pese a haber podido mantener su obligaciones", según advirtió el Instituto de Finanzas Internacional, lobby en Washington de la banca privada internacional, muchos de cuyos miembros -dicho sea de paso-, desde Citibank a Royal Bank of Scotland, habrían declarado la madre de todas las moratorias de no ser por las operaciones de rescate multimillonaria de estados en EE.UU. y Europa. Y, por lo menos Ecuador y Argentina tiene la excusa de que sus suspensiones de pagos se debían a problemas heredados de gobiernos anteriores que -en colaboración con el FMI y el IIF- habían dolarizado sus economías.

En realidad, no está claro que el elevado crecimiento latinoamericano de los últimos años, raíz de su fortaleza en la crisis, sea por la adopción de las reformas de Washington. El Banco Interamericano de desarrollo (BID) lo achaca en un informe titulado "Todo lo que reluce no es oro" a "condiciones externas extraordinariamente favorables" con bajos tipos de interés y una demanda imparable de materias primas. Es decir que parece cada vez más probable que las posibilidades de AmÉrica del Sur se encuentran en la explosiva industrialización de China y la India, y la emergencia de nuevas clases medias inmensas con ganas insaciables de comer carne argentina brasileña y, si no llegan, soja de una región con más tierra de posible explotación agraria del mundo. Por no decir nada de los minerales extraídos en tiempos de colonialismo de las "venas abiertas", pero ahora la base de un posible camino de desarrollo que pasa de largo a las ex potencias colonialistas y al vecino del Norte que, según Greg Granadin en su libro, 'Latin America: Imperial workshop', otra "bomba arrojadiza" de la vieja izquierda anclada en el pasado latinoamericano, mandó en la segunda mitad del siglo XVII buques de guerra a puertos latinamericansos en nada menos que 5.800 ocasiones.

Concretamente, los precios de hidrocarburos, alimentos básicos como soja o carne -principales exportaciones de Brasil y Argentina, cobre y otro metales en Chile y Perú, se multiplicaron por cinco en los años de expansión, generando miles de millones de dólares en divisas con las que se han construido las barreras de defensa. Estas exportaciones son la raíz también de la transición de la región en acreedor, con un superávit colectivo por cuenta corriente antes de la crisis que da margen a una explosión de la demanda interna. Exportaciones a China, principalmete materias primas, se triplicaron entre 2000 y 2008.

Tras desplomarse un 50% en el 2008 hay algún indicio de que los precios vuelven a subir probablemente debido a la resistencia de la demanda china. A fin de cuentas, los alimentos de subsistencia son un negocio de los que podrían calificarse como "recession-proof" -blindado a la recesión- a no ser que vayamos a ver hambrunas masivas. Exportaciones de Brasil a China subieron el 20% -principalmente alimentos básicos- en el primer trimestre de este año. "Enero estuvo fatal en el puerto; pero ya mejora", dijo un taxista en Manaus, el enorme puerto como zona franca de la amazonia brasileña.

Si China aguanta en esta crisis -la cuestión clave para el futuro de la economía mundial- las materias primas extraídas de las "venas abiertas" de América Latina, volverán a ser un motor de crecimiento. Y esto incluye Venzuela que acaba de firmar un acuerdo de suministro e inversión con China por 12.000 millones de dólares. "El Fondo siempre infravalora el crecimiento potencial de Venezuela ¿cómo no va a crecer si está sentado sobre posiblemente las reservas más grandes de petróleo del mundo?", afirma David Rosnick del CEPR.

El creciente regionalismo del comercio en América del Sur es otro factor. Estimaciones preliminares del BID indican que el comercio dentro de América Latina habrán crecido el 24% en el 2008 pese al frenazo en los últimos meses. Paraguay, Bolivia y Uruguay aumentaron su comercio regional el 61%, 47% y 34%, respectivamente, en 2008. La excepción aquí también es México que, con el 85% de sus exportaciones destinadas al norte del Río Grande, se ha sumado a Hawaii como estado de incorporación tardía a Estados Unidos.

Radio comunitaria y derecho a la comunicación

El debate sobre el derecho a la comunicación no se limita a la legislación sobre los grandes medios. América latina tiene una amplia experiencia en radio comunitaria de la que se puede aprender.

Por Alfonso Gumucio Dagron *, para PÁGINA/12

La historia de la radio comunitaria en el mundo está en permanente construcción. América latina fue pionera a fines de los años cuarenta, cuando se estableció en Bolivia la primera radio de los trabajadores mineros en el distrito de Siglo XX-Catavi, y en Colombia, la primera emisora campesina, instalada por un cura joven en el valle de Sutatenza. Mucha experiencia se ha acumulado desde entonces. Con altos y bajos, con apariciones y desapariciones, como Ave Fénix las radios populares renacen constantemente y, aunque nadie puede esgrimir cifras exactas, se calcula que por lo menos diez a quince mil radios locales y comunitarias operan actualmente en nuestra región, sumando las legales y las ilegales, es decir, las amparadas por la ley cuando esta existe, y las que luchan por su legitimidad con el apoyo de las propias comunidades.

Tan solo en Brasil más de ocho mil están en espera de que se les otorgue una licencia para transmitir y muchas lo hacen aún sin licencia, aunque corren el riesgo de ser clausuradas por órdenes de Anatel, la empresa estatal de telecomunicaciones. En Perú, se estima que, de las más de cuatro mil radios locales que funcionan actualmente, aproximadamente la mitad lo hace sin licencia. En Guatemala, donde no existe ningún tipo de legislación sobre el tema, las radios comunitarias, que en su mayoría son propiedad de comunidades indígenas mayas, son perseguidas por un Estado que sirve a los intereses de los grandes empresarios de medios. En Bolivia, las radios comunitarias continúan multiplicándose, pero no existe una ley que las proteja y las promueva. Ningún gobierno se ha ocupado de ese tema, salvo el de Carlos Mesa, que por decreto supremo las reconoció e hizo un intento de definirlas.

En algunos países de América latina se las persigue como si fueran delincuentes (Brasil, Guatemala, México); en otros se las autoriza con restricciones draconianas que limitan su radio de influencia y les impiden sobrevivir (Chile, Brasil); en otros países se las tolera (Bolivia, Paraguay, Argentina) y en algunos incluso se las protege porque se entiende que cumplen un papel importante en el desarrollo y el cambio social (Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay). Esta diversidad de escenarios en nuestra región –cambiante de acuerdo con los vaivenes de la política– revela la disparidad de los marcos legales y de las disposiciones del Estado.

Legislar a partir del derecho

Es una paradoja que mientras América latina vive la eclosión de regímenes políticos que se dicen progresistas, el derecho a la comunicación de los pueblos, representado esencialmente por iniciativas como las radios comunitarias, no merezcan una mayor atención por parte del Estado, que en lugar de promover la independencia de los medios de información y el fortalecimiento de las voces de los marginados, se preocupa más bien por establecer rigurosos controles y de instrumentalizar en su favor los canales de información independientes. Las excepciones son honrosas y Uruguay es una de ellas, con disposiciones tan elocuentes como la de asignar por ley un tercio de las frecuencias de radio y televisión, tanto analógica como digital, a las emisoras comunitarias.

Este es el momento de que la región establezca desde los poderes del Estado políticas y legislaciones que promuevan y protejan el derecho a la comunicación y de manera muy específica alienten el desarrollo de las radios comunitarias. No solamente es el momento político adecuado, sino también un momento económico propicio, porque la crisis mundial todavía no ha afectado dramáticamente la disponibilidad de recursos.

En materia de políticas y legislación sobre radios locales, es necesario ampliar el debate y la reflexión para llegar a una mejor comprensión del fenómeno, pues las confusiones abundan y el desconocimiento conspira en contra de la búsqueda de legitimidad y de legalidad.

Es imprescindible, por ejemplo, que en el diseño de las nuevas políticas y disposiciones legales se defina con claridad lo que se entiende por radios comunitarias, ya que con frecuencia el rótulo se aplica irresponsablemente a experiencias que no corresponden a la voluntad de las comunidades en cuyo nombre se obtienen licencias de transmisión. En el amplio abanico de las radios locales las hay comunitarias, pero también privadas, institucionales, confesionales e incluso gubernamentales. Es importante que cualquier política de Estado y legislación sobre medios de información y de comunicación, distinga específicamente los tres sectores: medios privados (comerciales y empresariales), medios públicos (del Estado en sus diferentes niveles: nacional, subnacional y municipal) y comunitarios.

¿Qué son radios comunitarias?

No es difícil establecer distinciones entre los medios locales de índole diferente. Las radios comunitarias, aquellas que pueden genuinamente reclamar ese rótulo, son aquellas en las que el proceso de comunicación está en manos de la colectividad y las decisiones las toma la comunidad a través de sus delegados democráticamente designados. Para que una emisora pueda ser considerada comunitaria, es imprescindible que la toma de decisiones sobre su estructura y programación sea producto de la participación y de la apropiación de una plataforma político-comunicacional.

Las radios locales del Estado, como las que promueven actualmente Venezuela y Bolivia, deben enmarcarse en la categoría de emisoras públicas en la medida en que las decisiones no se toman localmente. Esta misma discusión debe darse en torno de las radios indigenistas de México, establecidas por el Estado, y aquellas redes de emisoras locales para la paz que son promovidas por el gobierno colombiano.

Hubo un tiempo en que las radios locales promovidas por la Iglesia Católica progresista en América latina se identificaban plenamente con las necesidades sociales, culturales y políticas de las comunidades, y por lo tanto se asimilaban como radios comunitarias. Esto, sin embargo, ha cambiado en las últimas dos décadas debido a la emergencia de centenares de emisoras de radio y televisión locales en manos de sectas evangélicas que no son parte de las denominaciones cristianas tradicionales. La nueva ola de radios religiosas se caracteriza, como nunca antes, por el énfasis en la evangelización e impacta negativamente en la cultura y la organización de las comunidades, llegando al extremo de dividirlas y segmentarlas. Por ello, es imprescindible que las políticas y leyes contemplen una categoría aparte para las radios confesionales, con condiciones de operación que no deben ser las mismas que para las radios comunitarias.

En otra categoría se encuentran las radios institucionales, establecidas por organizaciones no gubernamentales, por universidades o por agencias de cooperación para el desarrollo. Estas emisoras cumplen un servicio público en sectores de educación, cultura y desarrollo, y pueden llegar a convertirse en radios comunitarias en la medida en que la participación local en la toma de decisiones se amplíe.

Finalmente, en el tercer sector de la información y de la comunicación están las radios privadas locales, cuya definición e identificación específica en la ley es tanto más imprescindible cuanto que estas emisoras pueden cumplir a veces roles en beneficio de la comunidad o por el contrario concentrarse exclusivamente en la especulación y el negocio.

Las leyes y disposiciones administrativas para las radios locales, además de distinguir las categorías enunciadas más arriba, deben establecer parámetros de responsabilidad social al tiempo de otorgar las licencias de operación. Por ejemplo, es necesario determinar entre los requisitos para la atribución de licencias un porcentaje mínimo de producción generada localmente, con contenidos educativos, culturales y sociales que sean de beneficio para la comunidad, y que sean pertinentes a la lengua y a la cultura local. Ninguna emisora debería acceder a los beneficios de la categoría de “radio comunitaria” si no cumple con requisitos mínimos que incluyen la participación comunitaria en la toma de decisiones, la generación local de contenidos y su pertinencia cultural y lingüística.

* El autor es boliviano, especialista en comunicación para el desarrollo con experiencia en Asia, Africa y América latina.

Washington foi 'desprezado' em cúpulas na Bahia, diz 'NYT'

Washington foi desprezado na cúpula do Brasil, diz o jornal americano New York Times em sua edição de quarta-feira, em uma reportagem sobre os múltiplos encontros regionais desta semana na Costa do Sauípe.

É a primeira vez que representantes de todos os países da América Latina e Caribe se reúnem sem a presença dos Estados Unidos ou de países europeus. Além disso, as quatro cúpulas (América Latina e Caribe, Mercosul, Unasul e Grupo do Rio) marcam a volta de Cuba aos encontros regionais, representada pelo presidente Raul Castro.

“Os líderes latino-americanos deram mais um passo para longe das décadas de órbita em torno dos Estados Unidos”, diz o NYT, “e no processo de reunir os líderes de 31 países, o Brasil, mais uma vez, mostrou suas credenciais como líder indisputável da América Latina”.

Segundo o jornal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “um aliado dos Estados Unidos”, não impediu que os outros líderes comemorassem a entrada de Cuba no Grupo do Rio, nem que eles atacassem os Estados Unidos e Europa por seu papel em “causar a crise econômica global”.

“Os Estados Unidos viraram saco de pancadas durante a conferência de três dias, que se encerra na quarta-feira, neste paraíso turístico no Estado da Bahia”, diz a reportagem.

“Castro não estava sozinho nos ataques aos Estados Unidos e ao que ele chamou de seu modelo ‘neo-liberalista’ para a crise do crédito, que está afetando muitas outras economias.”

Analistas entrevistados pelo NYT afirmam que a ausência dos Estados Unidos e da Europa não foi por acaso, e que com as reuniões o Brasil demonstrou enorme poder de unir a região.

“Com a ascensão da China a principal destino de exportação e a visita do presidente russo Dmitri A. Medvedev para cortejar os líderes latino-americanos, há lembretes mais freqüentes de que os Estados Unidos estão se tornando um jogador mais distante nos assuntos da região, afirma Riordan Roett, diretor do programa de Estudos Latino Americanos da John Hopkins University.”

Segundo Roett no NYT, “os Estados Unidos não são mais e nem vão ser de novo o maior interlocutor dos países na região”.

El País

Na Espanha, o diário El País publicou duas páginas de reportagens sobre as cúpulas, afirmando que a “América Latina pede voz nos organismos financeiros”.

Segundo o jornal, os 33 países da região devem exigir seu protagonismo conjunto na hora de construir “uma nova arquitetura financeira internacional que garanta a transparência de gestão e fortaleça os mecanismos de regulação” na declaração conjunta ao fim do encontro, nesta quarta-feira.

O jornal também destaca a ausência dos Estados Unidos e da União Européia no encontro e afirma que “num gesto que ressalta ainda mais a autonomia da América Latina em relação aos Estados Unidos, Lula anunciou que o Mercosul (mais a Venezuela) ajudará a Bolívia, bastante afetada pela decisão de Washington de castigar a expulsão da DEA com a supressão das vantagens alfandegárias para os têxteis bolivianos”.

Ainda segundo o diário espanhol, a participação de Raul Castro no encontro manda um recado a Washington, mostrando que Cuba não está tão isolada como os Estados Unidos pensavam.

E na Argentina, o Página 12 estampa em sua capa: “Cai o muro”, falando sobre a inclusão de Cuba no Grupo do Rio.