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quarta-feira, 17 de dezembro de 2008

Radio comunitaria y derecho a la comunicación


El debate sobre el derecho a la comunicación no se limita a la legislación sobre los grandes medios. América latina tiene una amplia experiencia en radio comunitaria de la que se puede aprender.

Por Alfonso Gumucio Dagron *, para PÁGINA/12

La historia de la radio comunitaria en el mundo está en permanente construcción. América latina fue pionera a fines de los años cuarenta, cuando se estableció en Bolivia la primera radio de los trabajadores mineros en el distrito de Siglo XX-Catavi, y en Colombia, la primera emisora campesina, instalada por un cura joven en el valle de Sutatenza. Mucha experiencia se ha acumulado desde entonces. Con altos y bajos, con apariciones y desapariciones, como Ave Fénix las radios populares renacen constantemente y, aunque nadie puede esgrimir cifras exactas, se calcula que por lo menos diez a quince mil radios locales y comunitarias operan actualmente en nuestra región, sumando las legales y las ilegales, es decir, las amparadas por la ley cuando esta existe, y las que luchan por su legitimidad con el apoyo de las propias comunidades.

Tan solo en Brasil más de ocho mil están en espera de que se les otorgue una licencia para transmitir y muchas lo hacen aún sin licencia, aunque corren el riesgo de ser clausuradas por órdenes de Anatel, la empresa estatal de telecomunicaciones. En Perú, se estima que, de las más de cuatro mil radios locales que funcionan actualmente, aproximadamente la mitad lo hace sin licencia. En Guatemala, donde no existe ningún tipo de legislación sobre el tema, las radios comunitarias, que en su mayoría son propiedad de comunidades indígenas mayas, son perseguidas por un Estado que sirve a los intereses de los grandes empresarios de medios. En Bolivia, las radios comunitarias continúan multiplicándose, pero no existe una ley que las proteja y las promueva. Ningún gobierno se ha ocupado de ese tema, salvo el de Carlos Mesa, que por decreto supremo las reconoció e hizo un intento de definirlas.

En algunos países de América latina se las persigue como si fueran delincuentes (Brasil, Guatemala, México); en otros se las autoriza con restricciones draconianas que limitan su radio de influencia y les impiden sobrevivir (Chile, Brasil); en otros países se las tolera (Bolivia, Paraguay, Argentina) y en algunos incluso se las protege porque se entiende que cumplen un papel importante en el desarrollo y el cambio social (Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay). Esta diversidad de escenarios en nuestra región –cambiante de acuerdo con los vaivenes de la política– revela la disparidad de los marcos legales y de las disposiciones del Estado.

Legislar a partir del derecho

Es una paradoja que mientras América latina vive la eclosión de regímenes políticos que se dicen progresistas, el derecho a la comunicación de los pueblos, representado esencialmente por iniciativas como las radios comunitarias, no merezcan una mayor atención por parte del Estado, que en lugar de promover la independencia de los medios de información y el fortalecimiento de las voces de los marginados, se preocupa más bien por establecer rigurosos controles y de instrumentalizar en su favor los canales de información independientes. Las excepciones son honrosas y Uruguay es una de ellas, con disposiciones tan elocuentes como la de asignar por ley un tercio de las frecuencias de radio y televisión, tanto analógica como digital, a las emisoras comunitarias.

Este es el momento de que la región establezca desde los poderes del Estado políticas y legislaciones que promuevan y protejan el derecho a la comunicación y de manera muy específica alienten el desarrollo de las radios comunitarias. No solamente es el momento político adecuado, sino también un momento económico propicio, porque la crisis mundial todavía no ha afectado dramáticamente la disponibilidad de recursos.

En materia de políticas y legislación sobre radios locales, es necesario ampliar el debate y la reflexión para llegar a una mejor comprensión del fenómeno, pues las confusiones abundan y el desconocimiento conspira en contra de la búsqueda de legitimidad y de legalidad.

Es imprescindible, por ejemplo, que en el diseño de las nuevas políticas y disposiciones legales se defina con claridad lo que se entiende por radios comunitarias, ya que con frecuencia el rótulo se aplica irresponsablemente a experiencias que no corresponden a la voluntad de las comunidades en cuyo nombre se obtienen licencias de transmisión. En el amplio abanico de las radios locales las hay comunitarias, pero también privadas, institucionales, confesionales e incluso gubernamentales. Es importante que cualquier política de Estado y legislación sobre medios de información y de comunicación, distinga específicamente los tres sectores: medios privados (comerciales y empresariales), medios públicos (del Estado en sus diferentes niveles: nacional, subnacional y municipal) y comunitarios.

¿Qué son radios comunitarias?

No es difícil establecer distinciones entre los medios locales de índole diferente. Las radios comunitarias, aquellas que pueden genuinamente reclamar ese rótulo, son aquellas en las que el proceso de comunicación está en manos de la colectividad y las decisiones las toma la comunidad a través de sus delegados democráticamente designados. Para que una emisora pueda ser considerada comunitaria, es imprescindible que la toma de decisiones sobre su estructura y programación sea producto de la participación y de la apropiación de una plataforma político-comunicacional.

Las radios locales del Estado, como las que promueven actualmente Venezuela y Bolivia, deben enmarcarse en la categoría de emisoras públicas en la medida en que las decisiones no se toman localmente. Esta misma discusión debe darse en torno de las radios indigenistas de México, establecidas por el Estado, y aquellas redes de emisoras locales para la paz que son promovidas por el gobierno colombiano.

Hubo un tiempo en que las radios locales promovidas por la Iglesia Católica progresista en América latina se identificaban plenamente con las necesidades sociales, culturales y políticas de las comunidades, y por lo tanto se asimilaban como radios comunitarias. Esto, sin embargo, ha cambiado en las últimas dos décadas debido a la emergencia de centenares de emisoras de radio y televisión locales en manos de sectas evangélicas que no son parte de las denominaciones cristianas tradicionales. La nueva ola de radios religiosas se caracteriza, como nunca antes, por el énfasis en la evangelización e impacta negativamente en la cultura y la organización de las comunidades, llegando al extremo de dividirlas y segmentarlas. Por ello, es imprescindible que las políticas y leyes contemplen una categoría aparte para las radios confesionales, con condiciones de operación que no deben ser las mismas que para las radios comunitarias.

En otra categoría se encuentran las radios institucionales, establecidas por organizaciones no gubernamentales, por universidades o por agencias de cooperación para el desarrollo. Estas emisoras cumplen un servicio público en sectores de educación, cultura y desarrollo, y pueden llegar a convertirse en radios comunitarias en la medida en que la participación local en la toma de decisiones se amplíe.

Finalmente, en el tercer sector de la información y de la comunicación están las radios privadas locales, cuya definición e identificación específica en la ley es tanto más imprescindible cuanto que estas emisoras pueden cumplir a veces roles en beneficio de la comunidad o por el contrario concentrarse exclusivamente en la especulación y el negocio.

Las leyes y disposiciones administrativas para las radios locales, además de distinguir las categorías enunciadas más arriba, deben establecer parámetros de responsabilidad social al tiempo de otorgar las licencias de operación. Por ejemplo, es necesario determinar entre los requisitos para la atribución de licencias un porcentaje mínimo de producción generada localmente, con contenidos educativos, culturales y sociales que sean de beneficio para la comunidad, y que sean pertinentes a la lengua y a la cultura local. Ninguna emisora debería acceder a los beneficios de la categoría de “radio comunitaria” si no cumple con requisitos mínimos que incluyen la participación comunitaria en la toma de decisiones, la generación local de contenidos y su pertinencia cultural y lingüística.

* El autor es boliviano, especialista en comunicación para el desarrollo con experiencia en Asia, Africa y América latina.

quinta-feira, 14 de agosto de 2008

La primera FM del país a energía solar


Es la tercera emisora comunitaria creada por el Movimiento Campesino de la provincia para defender el derecho a la posesión de la tierra.

Es de noche y el Tucumano está allá arriba, colgado en la punta de una antena de 42 metros clavada en el monte santiagueño. No hay Luna, así que todo depende de su linterna y de su equilibrio. Abajo, varias personas se apretujan en un estudio y esperan con ansiedad contenida que la maquinaria de cables y botones funcione.“¿Y? ¿Anda?” “No, todavía no.” El Tucumano, que ahora está en tierra firme sugiere que cambien unos cables. “¿Y ahora?” “¡Anda!” Al micrófono, Margarita, de 17 años, transmite: “Muy buenas noches, aquí estamos en el paraje Las Lomitas, en una de las radios del Mocase Vía Campesina. Es la primera vez que salimos al aire, nos llamamos Paj Sachama, que significa vuelo del monte, y estamos funcionando con energía solar”. Aplausos, abrazos y Charly García de fondo que canta: “Alguien en el mundo piensa en mí”.

Una escena similar se repitió en abril de 2003 cuando se inauguró en Quimilí la primera radio comunitaria del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), instalada con la ayuda de los fundadores de la FM porteña La Tribu. Ernesto Lamas –uno de ellos– lo va a recordar rumbo a Las Lomitas: “Hace ocho años llegó a La Tribu un documento del Mocase en el que hacían una feroz autocrítica por no saber cómo comunicar lo que hacían, y una alternativa era armar una radio”. A principios de 2000 miembros del Mocase se reunieron con directivos de La Tribu, y después de superar algunas desconfianzas (llegaron a preguntarnos: “¿Pero ustedes no nos quieren usar, no?”, dice Lamas), el proyecto –que consiguió financiación de municipalidades andaluzas– derivó en la instalación de cinco radios. Tres ya están funcionando y son operadas, en algunos casos, por campesinos que aprendieron a leer y escribir empujados por las ganas de salir al aire. Entre ellas está la flamante Paj Sachama, allí donde la electricidad no llega pero el sol sí: es la primera radio comunitaria a energía solar en la Argentina.

TIERRA MODELO. El Mocase –hoy dividido en tres ramas– nació en 1990 ante una necesidad de los campesinos santiagueños de organizarse para defender sus tierras frente a poseedores de títulos fraguados. La rama del Mocase más numerosa es la alineada con la Vía Campesina, agrupa a unas nueve mil familias, no se organiza de manera jerárquica y promueve, además de la defensa de la tierra amparados en la posesión veinteñal, la independencia económica basada en el concepto de soberanía alimentaria: autoabastecerse.

La central de Quimilí, a 200 km al noreste de la capital provincial, es una muestra modelo de la dinámica del movimiento. Tan modelo que del Primer Mundo se vienen al culo del mundo para verla. Como este grupo de 30 españoles de Ingenieros sin Fronteras que se asombran por la fábrica de queso que se alimenta con energía solar, por la escuela de agroecología, por el proyecto de biogás con suero y bosta de chancho. Y no es moda ecológica para los campesinos no usar pesticidas ni semillas modificadas: siempre fue así. De ahí que para ellos el triunfo de la soja en el “conflicto del campo”, signifique más contaminación con glifosato (el herbicida usado para la soja prohibido en casi todo el mundo) y la pérdida de variedad de cultivos.

MONTE ADENTRO. Para llegar a Las Lomitas desde Buenos Aires hay que hacer 950 kilómetros al Norte, hasta Quimilí. Mientras se atraviesa Santiago del Estero, uno imagina que esos campos de sospechoso verde antes eran puro monte: la soja borró el desierto, pero también sus árboles achaparrados. Hace tiempo que el paisaje es otro. Desde Quimilí, el itinerario indica otros 400 kilómetros hacia el límite con Tucumán, hasta llegar a la boca del monte que todavía resiste: en San José del Boquerón se abre una huella arenosa que lleva a Las Lomitas y que con cada vuelta de neumático, se eriza en remolinos de polvo blanco.

La central del Mocase de Las Lomitas reúne a 110 familias que viven desperdigadas en unos 70 kilómetros cuadrados. Allí elaboran zapallo y zanahoria en almíbar y envasan miel. Cada quince días, se reúnen para decidir temas del movimiento, muchas veces ligados a amenazas de desalojo o a los ataques que, según consta en denuncias hechas ante Naciones Unidas, reciben de grupos paramilitares.

Pero hoy todo es distinto. Los esfuerzos están puestos en la primera transmisión de Paj Sachama. Cacho se apura a lavar los paneles solares y explica: “Una vez que la batería cargó, alcanza para cinco días. Es un sistema caro de instalar, pero después no tiene casi costo”. Cacho hizo un curso en energías alternativas y también tuvo su programa en la radio Del Monte, en Quimilí. “Lo interesante de esta radio en Las Lomitas es que le vamos a llevar información a la gente que de otro modo no se entera. Y sabemos que si estamos informados podemos defendernos.” A pocos metros, en su rancho, está Ramón. Troza un cabrito –uno de los 200 que nacieron hace poco– para el festejo de la noche y con cada hachazo del cuchillo, desafía sus setenta años: “Mi padre vivió hasta los 110. Nosotros nos curamos con las hierbas del monte, somos indígenas lule-vilela”. Ramón, que participó de varios congresos del MST en Brasil, habla con conciencia de posesión mutua: él pertenece a este lugar, por eso este lugar le pertenece.

“Pero hay muchos que no lo entienden todavía.” El que lo dice es Juan, uno de los locutores que estará a cargo de un programa de la FM de Las Lomitas. “La idea es juntar compañeros a través de la radio, si estamos solos no hacemos nada. Hace dos semanas aparecieron unos tipos en Corral Quemado que reclamaban 600 hectáreas. Nosotros los corrimos porque tenemos en claro que poseemos la tierra, y que si estos tipos vienen y plantan soja, nos matan todo y nos dejan en la miseria.”

Juan va a repetir esto cuando tenga su programa al aire. Pero ahora, frente al micrófono de la Paj Sachama, ya se formó cola: todos quieren hablar, mandar saludos, dedicar un chamamé. “Para ellos la radio es una herramienta política y para nosotros es esa magia que se genera entre personas que unas horas antes sólo tenían la idea rebelde de ocupar un espacio y que ahora pueden gestionar un medio propio sin depender de nadie”, dice Lamas antes de subirse al móvil de La Tribu, ese que a fin de año va a volver al polvo santiagueño para concretar la cuarta FM del Mocase, en el pueblo de Pinto.