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sexta-feira, 27 de julho de 2012

Coca-Cola será expulsa no solstício de verão

Isla del Sol
Em uma decisão de causar espanto na mídia capitalista, o governo socialista do presidente Evo Morales acaba de expulsar a Coca-Cola da Bolívia. A decisão precisará ser cumprida até o dia 21 de Dezembro deste ano. Segundo o ministro do Exterior boliviano, David Choquehuanca, esta determinação está “em sintonia com o fim do calendário Maia” e será parte dos festejos para celebrar o fim do capitalismo e o início de “uma cultura da vida”. A festa ocorrerá no fim do dia, no solstício de verão (no Hemisfério Sul), na Ilha do Sol, situada no Lago Titicaca.

– O dia 21 de Dezembro de 2012 marca o fim do egoísmo, da divisão. O 21 de Dezembro tem que ser o fim da Coca-Cola e o começo do mocochinche (refresco de durazno, um refrigerante muito popular no país). Os planetas se alinham após 26 mil anos. É o fim do capitalismo e o início do comunitarismo – disse Choquehuanca, em um ato ao qual compareceu o presidente do país.

A medida, que atrai os holofotes da mídia para o governo boliviano, reforça a determinação de Evo Morales no reforço a um Estado socialista. Ele tem recebido várias críticas de seus eleitores por agir “devagar demais”, segundo as críticas, em determinar o fim do capitalismo naquela nação andina. A medida também visa melhorar a saúde da população. A Coca-Cola, assim com a maioria dos refrigerantes industrializados, contem substâncias comprovadamente nocivas ao corpo e cujo consumo constante se associa a infartos cardíacos e derrames cerebrais.

CdB

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

AVE EVO!


En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento, en Chuquisaca con el 54 por ciento y en Cochabamba con el 66 por ciento. Pese a los esfuerzos del gobernante, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos autonomistas.

Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz, para Página/12

En la plaza Murillo estaban cientos de miles de personas, banderas, globos, hasta un muñeco gigante del reelegido. “Evo de nuevo”, gritaban hasta que apareció el aludido, tranquilo, como si lo hubiera esperado de hace tiempo. Por unos minutos se quedaron quietos para cantar el himno, todos con el puño izquierdo alzado. “Querida Bolivia con dignidad”, los saludó Morales. “Gracias a la conciencia del pueblo es posible cambiar Bolivia en base al voto del pueblo, trabajar por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano.” Morales consiguió el 63 por ciento de los votos, por lo que “ahora tenemos la enorme responsabilidad con Bolivia, con la vida y la humanidad de profundizar este proceso. Más de dos tercios del Congreso me obliga a acelerar este proceso revolucionario”.

“Hermanas y hermanos: mi máximo reconocimiento a los que apostaron por el proceso de transformaciones”, dijo Morales desde el palco del presidencial Palacio Quemado. Y llamó a la conciliación a sus rivales. “Somos un gobierno de la cultura del diálogo.” Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Manfred Reyes Villa, candidato por Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) quedó segundo con el 28 por ciento de los votos. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, quedó tercero con el seis por ciento. Cuarto salió René Joaquino, de Asamblea Social (AS) con el tres por ciento.

La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional será masista en dos tercios. De los 166 legisladores, 110 serán del MAS, 50 de PPBCN, tres de UN y tres de AS. De 36 senadores electos, 25 son del oficialismo y 11 de PPBCN. Por cada departamento corresponden cuatro senadores. El MAS se quedó con los cuatro senadores de La Paz, donde Morales obtuvo el 77 por ciento de los votos. También consiguió los cuatro de Oruro, Potosí y Cochabamba. En Chuquisaca fueron elegidos tres senadores del oficialismo y uno de PPBCN. En Santa Cruz, consiguió dos senadores Morales y dos Reyes Villa. El primero y el segundo también se repartieron dos senadores cada uno en Pando y Beni.

De los 130 diputados electos, 85 pertencen al MAS. En Santa Cruz, el partido de Morales tuvo 11 diputados; PPBCN, 13 y UN sólo uno. En Pando, dos son del MAS y tres de PPBCN. En Beni, tres del MAS y seis de PPBCN. En Tarija consiguió cuatro el MAS, lo mismo que la agrupación de Reyes Villa. Uno fue para AS. En Chuquisaca, siete diputados son masistas y cuatro manfredistas. En Cochabamba, 14 son del MAS y cinco de quien fuera prefecto de ese departamento hasta que lo revocaron por referéndum el año pasado. En La Paz, 24 diputados son del MAS, tres de Reyes Villa y dos de Doria Medina. En Oruro, quedaron ocho para el MAS y uno para PPBCN. En Potosí, el MAS ganó 12 asientos y AS dos.

Pese a los esfuerzos de Morales, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos de la Media Luna, así llamada por su forma en el mapa boliviano. En Santa Cruz, el MAS recogió el 42 por ciento de los votos. Reyes Villa, el 50 por ciento. Y UN, el cinco por ciento. Ayer el presidente reelecto lo reconoció. “Todavía no pudimos ganar en todos los departamentos”, dijo ante sus seguidores.

El gobierno de Morales hizo un trabajo electoral largo en Pando, pero no alcanzó. El 48 por ciento eligió a Reyes Villa, mientras el 45 por ciento votó a Morales. Leopoldo Fernández, candidato a la vicepresidencia por PPBCN, era prefecto de este departamento hasta septiembre del año pasado, luego de la matanza de al menos 13 personas en el municipio de El Porvenir. Ayer, tras las rejas en la cárcel de San Pedro, el candidato asumió la derrota antes de que se supieran los resultados a boca de urna.

En Beni, Reyes Villa obtuvo el 55 por ciento de los votos; Morales, el 35 por ciento y UN el nuevo por ciento.

En Tarija, el 49 por ciento votó al actual presidente, el 40 por ciento a Reyes Villa y el ocho por ciento a UN. En Chuquisaca, el 54 por ciento votó a Morales, el 33 por ciento al ex capitán y siete por ciento a Doria Medina. En Cochabamba, el 66 por ciento votó a Morales, el 27 por ciento a Reyes Villa y el cuatro por ciento a UN. En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento. Lo siguieron PPBCN con el 10 por ciento y UN con el nueve. En Oruro, el 78 por ciento eligió al MAS; el 10 por ciento a Reyes Villa y el siete por ciento a UN. En Potosí, el MAS consiguió el 76 por ciento; AS el 14 por ciento y PPBCN el cinco por ciento.

Los cinco departamentos que votaron por la autonomía dieron el Sí. En La Paz, un 72 por ciento la aprobó, mientras el 28 por ciento la rechazó. En Cochabamba, 69 por ciento votó positivo y el 31 por ciento dijo No. En Oruro, el 63 por ciento adhirió al régimen autonómico, mientras el 37 por ciento se negó. En Potosí, el 64 las apoyó y el 36 por ciento votó negativo. En Chuquisaca, el 78 por ciento dijo Sí y el 22 por ciento la reprobó. En la región del Chaco, ubicada en Tarija, el 79,8 por ciento dijo Sí y el 20,2 por ciento optó por el No.

Además, 12 municipios votaron si adoptarán la autonomía indígena. Ayer no había aún resultados sobre esta votación, ya que la mayoría de los territorios son difíciles de llegar.

En los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) no se votó por autonomías, porque lo hicieron –ilegalmente según el gobierno– durante 2008. Página/12 consultó al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sobre el destino de los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos. “Esos estatutos deben ajustarse a la nueva Constitución, deben compatibilizarse. En esos términos será un avance de lo que van a ser las autonomías”, dijo. Una de las primeras tareas de la Asamblea será la aprobación de la ley marco de Autonomías, establecidas en la Carta Magna refrendada en enero de este año.

“A partir de mañana Bolivia pasa a ser un país autónomo, sin que eso ponga en riesgo la unidad nacional. Hasta ahora, la oposición había intentado usar la autonomía para fragmentar territorialmente a Bolivia, como ocurrió en los Balcanes con la ex Yugoslavia. La derecha extrema trató de usar la autonomía para dividir al país. Creo que esa es una de las claves para entender la derrota de la derecha y la ultraderecha en Boliva: no supo entender que la autonomía es una demanda democrática, no una demanda secesionista”, dijo el ministro.

terça-feira, 14 de julho de 2009

Evo acusó a los militares estadounidenses por el golpe de Estado en Honduras


El presidente boliviano, Evo Morales, aseguró que el Comando Sur de la Armada de Estados Unidos intervino en el golpe de estado en Honduras que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio último.

"Hay información de primera que el imperio mediante el Comando Sur de Estados Unidos hace al golpe de Estado en Honduras. Por tanto (es) el imperio contra el pueblo y los pueblos históricamente derrotaron a los distintos imperios", dijo Morales.

"Lo que el año pasado tenía que pasar en Bolivia, un golpe civil, ahora está pasando en Honduras. Es una agresión del imperio", añadió el mandatario anoche poco antes de finalizar una visita a Uruguay, reseñó ANSA.

Morales estuvo ayer en la capital uruguaya para cumplir una rápida visita en la que se reunió con su colega Tabaré Vázquez para tratar temas bilaterales y firmar un comunicado conjunto de repudio al golpe contra Zelaya.

En su declaración los mandatarios reiteraron la decisión de no reconocer otro presidente que Zelaya.

"Tras lo acontecido en Honduras -agregó- tenemos la obligación de hacer una profunda reflexión sobre cómo se vive en las dictaduras" ya que "tal vez la niñez, la juventud, las nuevas generaciones no lo saben", sostuvo.

En su visita, Morales firmó acuerdos con Vázquez y conversó sobre salud, educación e integración así como en el tema de la salida al mar por los puertos de Nueva Palmira o Montevideo y la venta de gas.

Página/12

terça-feira, 12 de maio de 2009

Los ex carapintadas en el golpismo contra Evo


Por Nora Veiras, para Página/12

“Estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando.” La información, fechada el 4 de mayo, que recibió la Cancillería argentina de la Embajada en Bolivia y a la que accedió Página/12, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”. Las piezas del rompecabezas se empiezan a colocar en posición a partir de la investigación sobre el grupo de supuestos terroristas, liderado por Eduardo Rózsa Flores, “Héroe de la Guerra de los Balcanes”, que fue desbaratado por la Policía Nacional de Bolivia el pasado 16 de abril. El presidente Evo Morales denunció que la banda planeaba un magnicidio.

El pasado 21 de abril este diario informó que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había comunicado con el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. En ese momento se mencionaban los viajes a Bolivia del mayor retirado Jorge Mones Ruiz, uno de los reincidentes carapintadas que entre el ’87 y el ’91 se alzó en armas para exigir la impunidad de los represores.

El nuevo informe da cuenta de que “Mones Ruiz habría estado en contacto con el presunto terrorista/mercenario ultimado Rózsa Flores y con (Luis Enrique) Baraldini”, otro compañero de armas prófugo de la Justicia argentina por su actuación durante la represión ilegal en La Pampa y radicado en Santa Cruz de la Sierra con nombre falso. Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas bolivianos.

Al ex carapintada lo seducen sus vínculos con la ultraderecha latinoamericana. En el ’87, el Círculo Militar le publicó un libro en el que desarrollaba su expertise sobre la formación de grupos comandos contra los procesos revolucionarios en Centroamérica. Este año, encontró un anclaje institucional en la llamada UnAmérica, una ONG que pretende ser la contracara de la Unasur, la organización que integran los presidentes de América latina. Justamente, los gobiernos “izquierdistas”, especialmente los de Bolivia y Venezuela, provocan los desvelos del comité liderado por el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa.

Mones Ruiz despunta el vicio de difundir su pensamiento en distintos formatos pero con la misma obsesión. Con otro de sus camaradas carapintada, Breide Obeid, formó el “Conjunto Patria” y sale a cantar sus propias letras en encuentros católicos. Más académico, publicó varios libros, entre ellos Argentina ¿sin destino? Estudio sobre las nuevas amenazas, y se explaya en páginas web sobre “el desgobierno y las falencias institucionales (aprietes a empresarios, control de precios, crisis energética, caso ‘Papeleras’, inseguridad ciudadana, corrupción, justicia ‘tuerta’, agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, legisladores ‘borocotizados’, violencia social, comandantes militares desmemoriados, fuerzas policiales con menos garantías que los delincuentes, etc.), están generando las condiciones para el cambio estructural que la sociedad reclama”. Hiperactivo, el año pasado empezó a hacerse tiempo para recorrer las asambleas rurales y azuzar el conflicto.

Esclavo de las palabras

La violenta irrupción de la policía en el cuarto piso del hotel Las Américas que terminó con la muerte de Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), Arpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Dwyer (irlandés) y la detención de Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) potenció la virulencia opositora en Bolivia. El presidente Evo Morales aspira a ser reelecto el próximo 6 de diciembre y leyó la actuación de esos comandos trasnacionales como una prueba cabal de un plan para asesinarlo. En el entramado de relaciones en ese campo minado aparecen indicios de la participación de los personajes de siempre.

Cinco días después del operativo en el hotel, la Red de Televisión Húngara emitió una entrevista realizada por el periodista Andras Kepes el 8 de septiembre de 2008 en la que Rózsa confirma que viajó a Santa Cruz de la Sierra a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y que, si no se lograba la coexistencia pacífica con el resto del país, se buscaría su independencia. El diario El Deber, de Santa Cruz, detalló que “el hombre, de 49 años, aseguró que su misión ‘tenía respaldo legal’, ya que la decisión de organizar la milicia se basaba en la autorización del Consejo de Santa Cruz. Consultado el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Parada, aseguró que no conocía nada al respecto y que no sabía a cuáles de los consejos o asambleas que funcionan en Santa Cruz pidió permiso. Según Rózsa, un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. ‘Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país’, dijo Rózsa.”

Rózsa grabó la entrevista como un testamento: sólo podía ser difundido en caso de muerte. El extraño personaje que supo militar en el Opus Dei, convertirse al islamismo y ser consagrado “Héroe de la Guerra de los Balcanes” terminó reclutando mercenarios para defender a la ultraderecha boliviana. La participación en el frente croata le abrió lazos con militares latinoamericanos que encontraron en esas milicias el nicho buscado para desarrollar sus competencias de comandos.

Mano de obra

El detallado informe que se está analizando en la Cancillería argentina cuenta que empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían apelado a los ex militares “con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales y avasallamientos de distintos tipos, incluyendo la toma de tierras privadas por parte de entidades sociales como el MAS”, en alusión al Movimiento Al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales.

El modelo de los terratenientes brasileños que instauraron virtuales escuadrones de la muerte para contrarrestar la acción de los Sin Tierra ilumina el imaginario de las fuerzas reaccionarias de los secesionistas de la región már rica de Bolivia. La organización Human Wright Foundation Bolivia, que responde a Victor Hugo Achá, sería el alma matter de la estrategia encuadrada en los objetivos de UnAmérica, evalúa el texto que recaló en el Palacio San Martín.

El 30 de abril, el fiscal Marcelo Sosa quien instruye la investigación por la actuación del grupo de Rósza convocó a declarar a Achá para corroborar las declaraciones de algunos de los deternidos en la causa. El presidente de HWF había viajado una semana antes a los Estados Unidos y anunció que no regresará hasta que no le den garantías legales para defenderse de las acusaciones. Sin embargo en una comunicación telefónica con un canal local reconoció que conversó en más de tres ocasiones con Rózsa pero, obviamente, negó cualquier vínculo con la milicia que organizaba el boliviano-húngaro-croata.

Según consignó el diario La Prensa, de La Paz, Juan Carlos Gueder, el detenido declaró: “Sé que había otra persona vinculada dentro del campo político (para ser asesinado en Bolivia), pero tampoco sé su nombre, porque hay otra gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Hugo Achá dando la cara”. Gueder aseguró que el dirigente de HWF había estado en las reuniones con la presunta banda terrorista. A Gueder le otorgaron la prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.

El 1° de mayo, el presidente boliviano dijo que si la organización no aclara sus vínculos con “los terroristas” podría ser expulsada del país como ya ocurrió en Venezuela. El comité Pro Santa Cruz, centro de la flor y nata de la oposición que reiteradamente intentó desestabilizar a Morales, convocará a una asamblea para evaluar qué hacer ante el avance de la investigación por los vínculos de empresarios con los presuntos terroristas abatidos en el hotel America.

En ese marco actúan los sectores representados en UnAmérica, organización en la que el carapintada argentino Mones Ruiz se desempeña como secretario, y proyectan presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Morales acusándolo de ser el responsable de la Masacre de Pando. El objetivo es contrarrestar el informe aprobado por la Unasur que derivó en la prisión, entre otros, del prefecto de Pando por la persecución y los asesinatos racistas fogoneados desde la ultraderecha.

quarta-feira, 6 de maio de 2009

EXTREMISTAS DE DIREITA NA BOLÍVIA

Vista de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia:

CORREIO DO POVO
PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2009

Oposição a Evo é ligada a complô

La Paz — O procurador de Justiça boliviano Marcelo Sosa acusou o prefeito de Santa Cruz e líderes cívicos daquela região de organizarem junto a grupos milicianos atentados contra o presidente da Bolívia, Evo Morales. Conforme o promotor, Ruben Costas e os empresários Branko Marinkovic, Maurício Roca e Guido Nayar, proeminentes líderes regionais, apoiaram uma célula-terrorista. A ação, porém, foi desmantelada dia 16 de abril, e era liderada por Eduardo Rozsa, que morreu na operação policial.
As acusações foram baseadas no depoimento de uma testemunha, Ignácio Villa, que denunciou ter recebido ofertas em dinheiro e presentes de Costas e Marinkovic para realizar campanha de terror em Santa Cruz.
O governo Morales reforçou a ideia de um complô secessionista em Santa Cruz, região responsável por 30% do PIB boliviano e liderada por políticos e empresários considerados adversários do presidente.

quarta-feira, 14 de janeiro de 2009

Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel


O governo da Bolívia rompeu nesta quarta-feira relações diplomáticas com Israel devido à ofensiva na Faixa de Gaza.

"A Bolívia tinha relações diplomáticas com Israel, mas, frente a estes graves atentados contra a vida e a humanidade, a Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel", afirmou o presidente Evo Morales, segundo o site da Agência Boliviana de Informação (ABI).

O governo boliviano também anunciou que o país vai apresentar uma denúncia na Corte Penal Internacional sobre "o genocídio que Israel está cometendo contra a população civil na Faixa de Gaza".

"Fazemos um chamado, junto a muitos países e organismos internacionais, principalmente organismos que defendem a vida, para que a partir deste momento trabalhemos para defender a humanidade", disse o presidente.

'Crimes'

O governo boliviano lembrou que qualquer país pode apresentar denúncia contra os autores de crimes contra a humanidade, genocídio, extermínio e outros.

"Os crimes do governo de Israel afetam a estabilidade e a paz mundial e fizeram o mundo retroceder à pior época dos crimes contra a humanidade desde a 2ª Guerra Mundial e, nos últimos anos, na ex-Iugoslávia e em Ruanda", afirmou Morales.

O presidente acrescentou que a Bolívia é um país pacifista e não pode ficar apenas como um espectador diante do "genocídio que Israel comete contra a população civil na Faixa de Gaza".

A ação militar israelense na Faixa de Gaza foi iniciada em 27 de dezembro. Segundo Israel, o objetivo é impedir que militantes palestinos continuem a lançar foguetes contra o território israelense.

O presidente Evo Morales não foi o primeiro a romper relações com os israelenses. O presidente da Venezuela e aliado de Morales, Hugo Chávez, rompeu relações com Israel na semana passada.

Os venezuelanos expulsaram o embaixador de Israel e parte dos funcionários da embaixada israelense no país em um sinal de protesto contra a ofensiva em Gaza.

BBC

sábado, 11 de outubro de 2008

As duas Bolívias que se enfrentam


Ainda titubeantes, as maiorias indígenas ensaiam um projeto nacional e capaz de superar as relações de predação, privilégios e servidão. Para a oligarquia, não se trata de integrar uma nação — mas de usufruir dela como se fosse sua hacienda, e já sem apego à própria retórica da democracia.

Ricardo Cavalcanti-Schiel

(14/09/2008)

Em 1867, o presidente boliviano Mariano Melgarejo, um militar que passou toda sua vida ocupado em conspirações, e que se tornara uma espécie de testa-de-ferro dos novos setores liberais da oligarquia, cedeu de bom-grado ao Brasil 150 mil Km² de terras ao longo do Rio Madeira e outro tanto no que é hoje a porção do Mato Grosso do Sul a oeste do Rio Paraguai. Despachando numa penada parte do território inexplorado do seu país, o tal presidente teria se referido a essa última região mencionada como “uns pântanos inservíveis”; pântanos que viriam a ser uma boa parte do que é hoje conhecido como o Pantanal Matogrossense, onde se situa, por exemplo, a importante jazida de ferro e manganês de Urucum.

Um ano antes, Melgarejo, satisfazendo o apetite mercantil da oligarquia liberal a quem servia, havia determinado a venda, pelo Estado, de todas as terras indígenas “de comunidade” (ou seja, coletivas; um absurdo jurídico que não poderia continuar existindo sob a ordem liberal), uma medida que acendeu o estopim da revolta no campo e que serviu de ponto de partida para uma permanente mobilização aimara que já dura quase 150 anos. Por essa mesma época, o tal presidente facilitou também a penetração de interesses econômicos anglo-chilenos na região de Atacama, coisa que viria a ser o prelúdio da cobiça desses interesses pelo rico território da porção litorânea boliviana do Pacífico. Com efeito, em 1879, com tropas armadas e treinadas no genocídio perpetrado contra os índios Mapuche no sul do país, o Chile invadiu os portos bolivianos e deu início à Guerra do Pacífico, que resultaria na espoliação dos territórios bolivianos e peruanos ricos em salitre e cobre; riqueza que patrocinou o ostentoso festim da oligarquia chilena na transição do século 19 para o século 20.

Apesar do pacto de 1884, que firmava uma trégua indefinida entre Bolívia e Chile, aqueles territórios invadidos eram passíveis de uma reclamação jurídica internacional, caso a Bolívia não reconhecesse, através de um documento de direito internacional, a cessão definitiva dos mesmos. Em 1904, num acordo costurado entre os setores oligárquicos dos dois países, a Bolívia finalmente firma o tratado em que cede todo seu litoral ao Chile, e sela seu próprio destino para o século que se inicia. Como avalia o historiador boliviano Rodolfo Becerra de la Roca: “fechava-se definitivamente a saída livre da Bolívia para o resto do mundo, colocava-se o país à margem das correntes migratórias, econômicas, sociais, culturais e científicas dos países mais avançados, fato que o situaria como um país inválido e entre os povos mais atrasados da Terra” (2002, El Tratado de 1904, la gran estafa, p. 155).

Apenas um ano antes desse fatídico tratado, o governo da oligarquia liberal assinou outro, o Tratado de Petrópolis, em que entregava o Acre ao Brasil. De forma similar ao caso do outro extremo pouco explorado do seu território, o litoral do Pacífico, o antecedente imediato que deflagrou a “questão do Acre” foi a cessão (ou, ao menos, a tentativa de cessão), pelo governo boliviano, em 1901, da exploração econômica da região a uma holding norte-americana, a The Bolivian Syndicate, armada na tentativa de estabelecer o negócio de carrear o patronato do governo norte-americano à precária soberania boliviana na região, a troco da entrega não apenas do seu potencial econômico, mas do seu efetivo controle militar.

De fato, a região vinha sendo objeto de uma invasão maciça de seringueiros brasileiros, e a Bolívia parecia querer escolher o caminho mais cômodo para lidar com ela: “terceirizá-la”. Tal como os contratos de exploração dos recursos energéticos (hidrocarbonetos) firmados durante o período neoliberal quase cem anos depois, assim como toda a história da exploração mineral do país no século 20, restariam à oligarquia boliviana os trocados fáceis das comissões e propinas dos grandes negócios transnacionais, em contrapartida à garantia que sempre ofereceu de uma permanentemente irrisória tributação desses ricos negócios, o que, por sua vez, jamais permitiu uma capitalização interna do país, e manteve o Estado sob uma baixíssima capacidade de promoção da infra-estrutura econômica. A consumar-se o contrato de 1901 com a Bolivian Syndicate, entretanto, o Acre se tornaria, de fato, um protetorado norte-americano na Amazônia. Numa das suas poucas lúcidas iniciativas geopolíticas contra o então nascente novo império, o Brasil declarou o Acre em litígio e, combinando presença militar com ação diplomática, abocanhou definitivamente o território dois anos depois.

Esses fatos históricos bolivianos, ainda que pareçam distantes, não são mera ilustração inócua. Eles retratam o caráter do secular projeto nacional dessa oligarquia criolla: não está em questão integrar, territorial, social e economicamente uma nação; trata-se apenas de usufruir, da maneira que for possível, do país, como se fosse sua hacienda, seu latifúndio presumido por direito e privilégio, de casta e de nascença. O que assim não o for pode ser descartado, como coisa “inservível”, como dizia o presidente Melgarejo a respeito do pantanal mato-grossense. O projeto nacional histórico da oligarquia boliviana jamais foi um projeto de integração, mas apenas um projeto de usufruto. E esse foi o projeto que conduziu o país até o momento.

Os últimos anos têm sinalizado de forma um tanto contundente o que poderíamos reconhecer como o esgotamento da viabilidade política (e social) desse projeto. Várias são as causas, que vão do adensamento dos projetos estratégicos alternativos de Estado, gestados por setores não-oligárquicos (ou francamente anti-oligárquicos), e politicamente respaldados pelo movimento popular de base indígena, até a generalização social (ou o reconhecimento de legitimidade) da dramática percepção de que as atuais reservas extrativas disponíveis (mais especificamente, os hidrocarbonetos) são a última alternativa, o último recurso patrimonial rapidamente conversível para tentar promover a capitalização interna e algum processo de desenvolvimento que não seja baseado na predação, na concentração e no privilégio, que caracterizaram historicamente a economia e a conformação social bolivianas (e tantas outras latino-americanas mais, que talvez apenas não tenham se defrontado ainda com o drama simbólico da escassez iminente). Em suma, trata-se da emergência de uma outra racionalidade, que propugna, ainda que de forma tateante, uma outra possível forma de regulação social; um projeto que, no que diz respeito ao horizonte do Estado e da nação, mal ensaia seus primeiros passos, com a hesitação e os tropeços característicos das experiências históricas concretas.

Isso não quer dizer, no entanto, que a lógica do projeto oligárquico tenha deixado de funcionar; não apenas porque haja pesadíssimos interesses predispostos a subsidiar sua aplicação até o paroxismo do esgotamento, até “roer o osso” dos recursos do país, mas porque trata-se de uma lógica cultural que quer reconhecer o mundo como “naturalmente” organizado segundo a sua perspectiva. Não é nenhum exagero dizer que os dias que passam na Bolívia são o cenário do enfrentamento frontal de duas visões de mundo distintas, que lutam por fazer valer a sua legitimidade; uma fundada sobre um sólido aparato institucional e regulatório, construído ao longo de muito tempo no espaço do Estado; outra ainda tão carente de mecanismos concretos nesse mesmo domínio político que seria mais justo, aí, ao invés de chamá-la de “visão de mundo”, reconhecê-la, mais que tudo, como um “vislumbre”.

Antes que algum simplista se disponha apressadamente a beatificar o governo do Presidente Evo Morales, é preciso dizer que, como qualquer experiência concreta, sobretudo em ambiente adverso em uma série de dimensões — regulatória, econômica e administrativa (flagrantemente caracterizada pela carência de quadros —, seus equívocos podem assumir proporções melancólicas: condução errática do planejamento econômico, incorporação de quadros políticos consideravelmente espúrios, concessões ao oportunismo administrativo em lugar da institucionalização dos mecanismos decisórios etc. Entretanto, não se deve cometer a irresponsabilidade (a não ser que movida pelo puro cinismo ideológico) de se abstrair as contingências e a inapelável constatação de que “tudo está para ser feito”, na expectativa ilusória (ou na cínica suposição) de um “paraíso” rápido e automático. Isso seria negar toda a política e cair no mero messianismo.

Desde o clássico Buscando un Inca, do peruano Alberto Flores Galindo, os analistas das sociedades andinas têm sublinhado a recorrência histórico-cultural, “para o bem ou para o mal”, do messianismo das grandes transformações súbitas, a reviravolta de mundos, o pachakuti da cosmologia indígena (termo que, por casualidade, dá nome a um partido político indianista no Equador...). O messianismo é, ao mesmo tempo, o alimento de grandes esperanças e das mais profundas frustrações. Não seria exagero dizer que uma certa “melancolia histórica”, presente nos países andinos, seja também (ou sobretudo) fruto dessa marca cultural. E não é difícil imaginar o quão difícil seja o trabalho da política dos Andes, sob as tenazes desse atavismo messiânico. Não se devem desprezar, portanto, os recursos passionais através dos quais a velha oligarquia possa fazer uso do espírito messiânico para, paradoxalmente, deslegitimar, de forma marota, qualquer projeto de transformação social que se pretenda mais sistemático, e que, assim, lhe seja estranho, indócil e não domesticado. Esperar que se transforme, em um estalo de dedos, um país estruturalmente condicionado ao abuso da injustiça e do privilégio arbitrário num paraíso alternativo não é apenas uma expectativa equivocada; ou é uma expectativa cega ou é uma expectativa construída para cegar.

Olhar para a política boliviana hoje exige como precaução elementar o reconhecimento de que, em larguíssima medida, a negação da política, implícita na atitude messiânica, é a ração popular que a velha oligarquia se esforça por servir às pratarradas, para empanturrar os espíritos atabalhoados. Por uma parte, pretende-se condenar o presidente Morales por não ter trazido à terra o paraíso, e, por outra, constrói-se um outro salvacionismo messiânico, lastreado no chauvinismo regionalista, pelo qual só o separatismo, sob a forma marota de “autonomias regionais”, pode subsidiar o “aperfeiçoamento da democracia”. Dessa cortina de fumaça, que não deixa de ser um ardiloso golpe político, se tratará logo adiante.

Feito esse parêntesis, não é difícil compreender que, apesar de um irremediavelmente árduo (senão até mesmo escasso) sucesso no quesito “eficiência” (econômica, financeira e administrativa), a aposta de um governo como o de Evo Morales é outra: é a do difícil trabalho político de construção de novos mecanismos institucionais de regulação social, através dos quais os próprios critérios de “eficiência” se deslocam para outros marcos que não os de uma certa (ou, antes, duvidosa) “estabilidade”, que mantém intacta uma estrutura de reprodução da exclusão. Nesse sentido, a aposta do governo Morales é, em essência, o avesso daquela dos governos Lula, por exemplo. E é exatamente nesse ponto que nasce o pânico da oligarquia.

Desde o final do século 16, a tradição jurídica espanhola e a interpretação da Conquista feita pelo Padre Bartolomé de las Casas consagraram para a América Hispânica o reconhecimento de dois conjuntos sociopolíticos objeto de distintos tratamentos: a “república dos espanhóis” e a “república dos índios”. Enquanto a primeira dispôs-se a ver a segunda de acordo com o marco social medieval (em sua versão ibérica) da vassalagem, a segunda esperava da primeira, nos Andes, o cumprimento dos tratos políticos firmados segundo a lógica local da reciprocidade. Durante muito tempo, os índios andinos demandaram dos espanhóis o reconhecimento das suas autoridades locais e dos seus territórios, enquanto lhes prestavam serviços, como já estavam acostumados a fazer desde tempos pré-hispânicos. Para a nascente sociedade hispânica do Novo Mundo, o serviço dos índios era o meio imprescindível e cobiçável para acumular riquezas, fossem retiradas das minas, fossem retiradas da agricultura ou de qualquer forma de “indústria” que os índios pudessem prover. A mão-de-obra indígena era permanentemente repartida sob a forma de mercês legais, dentro da estrutura de uma sociedade regida por privilégios de casta. Ainda que essa sociedade tenha historicamente se modificado em uma série de aspectos, o princípio lógico das mercês e o da naturalidade do privilégio serviram de base para a racionalidade oligárquica do usufruto.

A exploração do trabalho logo se tornaria brutal; e a segregação social, um recurso de legitimação da exploração. Até meados do século 20, na Bolívia, a servidão indígena era regulamentada por lei. A Revolução Nacionalista de 1952 foi um ensaio, ainda que tímido, de mudança, logo diluído, fazendo com que a estrutura de uma sociedade segmentada em estamentos de privilégio continuasse funcionando e, com ela, a lógica do acesso à riqueza e aos recursos do país. A recente chegada de um “índio” à Presidência da República, com todo o movimento social que lhe serviu de base, não é mero exotismo étnico. E também não é um sinal natural do “avanço da democracia”, como, certa feita, supuseram os partidos oligárquicos, ao levar, como vice-presidente do neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, o intelectual indígena Victor Hugo Cárdenas. Ao chegar à Presidência, embalado pela maré dos movimentos sociais, Evo Morales representou uma afronta à ordem social dos privilégios de casta.

E a afronta não parou nisso. A agenda política gestada por aqueles movimentos, além de consumar-se na indignada mobilização popular que enxotou da Presidência e fez fugir do país o timoneiro das reformas neoliberais, consagrou também a necessidade de uma nova ordem constitucional. Ao convocar novas eleições, o governo de transição não apenas convocou o pleito que elegeu Morales, mas também o que elegeu a nova Assembléia Constituinte. Seus trabalhos encerraram-se no último mês de dezembro, com a elaboração de um novo marco legal regulatório para a sociedade boliviana, inovador na instituição de autonomias indígenas relativas, que implicam na equiparação dos seus sistemas normativos tradicionais com os demais da sociedade, na instituição de direitos coletivos e novas formas de gestão social dos recursos naturais e ambientais, na criminalização da discriminação e na ampliação, em diversidade, dos direitos individuais. Ou seja, o ensaio de um projeto nacional integrador baseado na expansão da cidadania.

O que esse ensaio político reitera, particularmente para o caso latino-americano, é que a integração social de uma nação implica numa tarefa regulatória que vai bem mais além da estrita territorialidade e da mera institucionalidade formal do Estado. Ademais, o projeto constitucional não será promulgado, mas sim submetido a plebiscito popular. Por tudo isso, pretende-se que a Bolívia comece a se defrontar com um imperativo mais exigente de legitimação democrática que o velho hábito da opacidade dos negócios até então estabelecidos no clube do poder, o que faz com que um pânico vociferante e violento se apodere da velha oligarquia, que se vê, de pronto, no risco iminente de perder anéis e dedos para um ameaçador ensaio de controle social. Esta mesma oligarquia, que tanto inflou a retórica da democracia enquanto gozava do condomínio dos privilégios durante os governos neoliberais, dá agora mostras cabais de que, para ela, a democracia é apenas uma retórica de conveniência, ou, antes, de que não é exatamente na democracia que ela está interessada.

A confrontação política era óbvia. Agora, ela se torna dramática. A razão do drama é que, como se disse antes, a lógica oligárquica não deixou de funcionar.

Acantonados na região de Santa Cruz de la Sierra, sob o abrigo do agro-business monocultor e exportador de soja, montado sobre a apropriação latifundiária ilegal e extorsiva (sobretudo frente às pequenas comunidades indígenas) — ação sustentada, por sua vez, pela pistolagem (que implica no assassinato sistemático de líderes das associações comunais e na intimidação social generalizada), pela corrupção judicial e pela indústria da apropriação pura e simples de créditos agrícolas —, os novos negócios da oligarquia estabeleceram uma rede de relações promíscuas na sociedade civil em geral e com os demais departamentos (as sub-unidades administrativas ao interior do país) do oriente boliviano, onde a corrupção é a norma, a pistolagem é a base da autoridade e a autonomia do Judiciário, mera ficção. Ao sul dessa região encontram-se as maiores reservas de gás do país; ao norte, os ainda insuspeitos e incalculáveis recursos da Amazônia; e, ao longo de toda ela, as terras mais férteis de toda Bolívia. A nova regulamentação constitucional, redigida pelos representantes do povo, democrática e livremente eleitos, é reconhecida pela reconfiguração oligárquica assentada nessa região como uma ameaça; uma ameaça não tão simplesmente aos interesses dos seus negócios, mas à lógica pela qual essa oligarquia crê que o mundo deva ser regido.

Recusando peremptoriamente o projeto constitucional, ainda que pretendendo valer-se do espírito geral reformista, o poder oligárquico, senhor de homens e de almas na região da assim chamada “Meia-Lua” (apodo que se deve à sua forma geográfica), pretende impor, na marra e contra toda a ordem legal, autonomias regionais separatistas que preservem seus feudos de poder e de exploração da riqueza, através de um projeto de completa independência administrativa, tributária e de gerência dos recursos naturais locais. Tal como sempre o fez historicamente, a oligarquia se basta em descartar aquilo que não obedece imediatamente às suas ordens. Agora, é o resto do país, com toda sua indiada, sua plebe rebelde e suas veleidades democráticas que lhe é... inservível.

sexta-feira, 19 de setembro de 2008

QUEM OS RECEBERÁ?

LA PAZ:

Oposição a Morales irá ao Brasil para denunciar violência

Marcia Carmo
De Buenos Aires para a BBCBrasil

Os opositores do presidente boliviano Evo Morales reunidos no Comitê Cívico Santa Cruz anunciaram na noite desta quinta-feira que enviarão uma missão para o Brasil, Argentina, Chile e Paraguai para "denunciar a violência do governo do presidente Evo Morales".

O comunicado, divulgado poucas horas antes do fim da primeira reunião entre Morales e os governadores da oposição, informa que o presidente do Comitê, Branko Marinkovic, denunciará, neste giro, "atos de violência provocados pelo Movimento ao Socialismo (MAS, partido do governo)" em Pando e as "ameaças" oficialistas em torno do processo de diálogo em Cochabamba.

"Fizemos todo o possível para evitar a violência. Suspendemos os bloqueios de estradas, devolvemos instituições públicas e estamos numa mesa de diálogo."

"Apesar disso, o governo Morales insiste em cercar Santa Cruz e o lugar de diálogo em Cochabamba para amedrontar todos os que estão nesta mesa", disse Marinkovic.

Ele disse estar preocupado com os "sinais de violência" dos seguidores do MAS nas comunidades rurais de Santa Cruz – Yapacaní, Quatro Canhadas e San Julián.

Foi destes lugares que partiram grupos de manifestantes contrários aos líderes opositores de Santa Cruz.

"Com a ajuda de militares venezuelanos, eles ameaçam cercar o Departamento (Estado) de Santa Cruz", acusou.

Ajuda do Brasil

O primeiro vice-presidente do Comitê, Luis Núñez, disse à BBCBrasil por telefone que o roteiro e as datas destas viagens ao exterior serão definidos numa reunião nesta sexta-feira.

"Os seguidores do senhor Morales estão vindo pra cá e estão armados com dinamite e armas de fogo. Pedimos a ajuda e a solidariedade do Brasil porque aqui vivem muitos brasileiros", disse.

"Ele mesmo (Morales) já tinha dito que a suspensão dos protestos era a condição para o diálogo. Mas hoje (quinta-feira) cercaram o local da reunião em Cochabamba para amedrontar os participantes. E os movimentos indígenas continuam sua caminhada de pressão, vindo aqui para Santa Cruz. Estão nos provocando. Isso não é democracia", afirmou.

Segundo assessores do governo Morales, a expectativa é de que os movimentos indígenas suspendam, nesta sexta-feira, a caminhada que realizam para Santa Cruz – Estado símbolo da oposição.

Devolução de prédios ocupados

Durante a primeira reunião de negociação com oito dos nove governadores da Bolívia, nesta quinta-feira, o presidente Evo Morales pediu a seus opositores a devolução imediata de todas as instituições públicas ocupadas por manifestantes como condição para se "colocar um fim ao cerco (no Departamento de) Santa Cruz", realizado por movimentos indígenas. A informação foi dada à imprensa pelo porta-voz de Morales, Iván Canelas.

A reunião, realizada em Cochabamba, no centro do país, durou doze horas e foi acompanhada, de fora, por diferentes movimentos sociais, que apóiam Morales.

Canelas disse que Morales apresentou pontos para se "avançar" no diálogo com a oposição.

O primeiro foi o de dar "via livre" para a convocação do referendo que ratificará ou não a nova Constituição, aprovada no fim do ano passado - a nova Carta é o ponto mais polêmico das discussões entre governo e oposição.

Segundo Canelas, a convocação do referendo poderá ser feita assim que a questão das autonomias dos Departamentos (Estados) for "melhorada", sem, no entanto, dar mais detalhes sobre a questão que é umas das principais reivindicação da oposição..

O porta-voz lembrou ainda que serão formadas três comissões para analisar a nova Carta Magna, os recursos gerados pelo setor petroleiro, através do Imposto Direto dos Hidrocarbonetos (IDH), e a designação de autoridades, no Congresso Nacional, para as instituições públicas.

Dos cinco governadores de oposição a Morales, não compareceu ao encontro o governador de Pando, Leopoldo Fernández, preso na terça-feira, acusado pelo governo de ser o responsável por pelo menos 16 mortes em sua região, na quinta-feira passada.

Nesta quinta-feira, a Justiça decretou formalmente a prisão preventiva de Fernández por "indícios de terrorismo".

A medida foi classificada como "linchamento jurídico" pelo governador.

Denúncias

De acordo com a agência Red Erbol, o relator especial sobre a situação de Direitos Humanos dos Indígenas das Nações Unidas, James Anaya, condenou, nesta quinta, a "recente onda de violência nos departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz e Tarija" – região opositora a Morales. E disse que estas ações colocam os povos indígenas "em perigo".

"Condeno os atos de violência contra grupos indígenas e camponeses e denuncio, particularmente, o massacre de 11 de setembro, em Pando, que consistiu numa emboscada de paramilitares contra membros da Federação Sindical Única de Trabalhadores Camponses de Pando (FSUTCP) e estudantes do normal da localidade de Filadélfia, maioria indígenas", disse o relator especial.

segunda-feira, 11 de agosto de 2008

Autonomías de conveniencia


JOSEP MARIA DEOP MURILLO - Cochabamba, Bolivia - 11/08/2008

No. Definitivamente, no es el Gobierno de Evo Morales el mejor del mundo. Claro que no, ¿acaso alguno lo es? Pero es un Gobierno legítimo, votado por una inmensa mayoría de bolivianos, que todavía hoy encarna el deseo de transformar un país anclado en el feudalismo en una sociedad más justa y equitativa. En 2006, las viejas élites políticas y empresariales se parapetaron como pudieron en los gobiernos regionales -las prefecturas-. Estos gobiernos, dirigidos con mano de hierro por personajes vinculados directa o indirectamente con grupos e intereses de extrema derecha, han izado la bandera de la autonomía para minar la autoridad de Morales y sus ministros y, de facto, impedir cualquier acción de gobierno. A cuatro días del referéndum que debe dilucidar si Morales continúa o no, el propio alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, llamaba a las fuerzas armadas a "tumbar al Gobierno".

Y, sin embargo, de puertas afuera, tratan de difundir la idea de que son ellos quienes defienden la democracia ante el autoritarismo de Morales y de que las regiones "de progreso" luchan por una mayor autonomía frente al centralismo de La Paz; de ahí que se reclamen admiradores del modelo autonómico español. Pues bien, nada puede haber más falso en esta imagen. Las mismas élites que ahora se apegan a las banderas regionales de Santa Cruz o Tarija participaron entusiastamente en los gobiernos anteriores a Morales, ocupando cuantos cargos fuese posible y contribuyendo a ahogar a Bolivia en la pobreza. Baste recordar al propio dictador Hugo Bánzer, originario de Santa Cruz, para darse cuenta de que las élites cruceñas nunca habían sufrido demasiadas dificultades para acceder a los espacios del poder central.

Ayer, y a pesar de todos los esfuerzos de los prefectos por impedir el referéndum, los ciudadanos tuvieron la última palabra. Ojalá que las élites bolivianas, tan poco acostumbradas a escucharla, sean capaces de aceptar el resultado.

quarta-feira, 23 de julho de 2008

Sobre a rodada de negociações da OMC


As negociações na OMC converteram-se num combate dos países desenvolvidos para abrir o mercado dos países em desenvolvimento a favor das suas grandes empresas. No século XXI, uma "Rodada para o Desenvolvimento" já não pode ser de "livre comércio", mas sim tem que promover um comércio que contribua para o equilíbrio entre os países, as regiões e com a natureza. A análise é do presidente da Bolívia, Evo Morales.

Evo Morales

"O comércio internacional pode desempenhar uma função importante na promoção do desenvolvimento econômico e no combate à pobreza. Reconhecemos a necessidade de que todos os povos se beneficiem do aumento das oportunidades e dos avanços do bem-estar que o sistema multilateral de comércio gera. Os membros da OMC são majoritariamente países em desenvolvimento. Pretendemos pôr as suas necessidades e interesses no centro do Programa de Trabalho adoptado na presente declaração".

Declaração Ministerial de Doha da Organização Mundial do Comércio, 14 de Novembro de 2001


A rodada de negociações de Doha da OMC começou há sete anos com estas palavras. O desenvolvimento econômico, o combate à pobreza, as necessidades de todos os nossos povos, o aumento de oportunidades para os países em desenvolvimento estão realmente no centro das atuais negociações da OMC?

A primeira coisa que devo dizer é que se fosse assim os 153 países membros, e sobretudo a ampla maioria de países em desenvolvimento, deveriam ser os atores principais das negociações da OMC. Mas o que estamos vendo é que um punhado de 35 países é convidado pelo Diretor Geral para reuniões informais para avançarem substancialmente na negociação e prepararem os acordos desta "Rodada do Desenvolvimento" da OMC.

As negociações na OMC converteram-se num combate dos países desenvolvidos para abrir o mercado dos países em desenvolvimento a favor das suas grandes empresas.

Os subsídios agrícolas do Norte, que vão principal para as companhias agro-alimentares dos Estados Unidos e da Europa, não só continuarão como aumentarão como demonstra a "Farm Bill 2008" [1] dos Estados Unidos. Os países em desenvolvimento baixarão as taxas aduaneiras dos seus produtos agrícolas, enquanto os subsídios reais [2] aplicados pelos Estados Unidos ou pela União Européia aos seus produtos agrícolas não diminuirão.

A nível dos produtos industriais procura-se nas negociações da OMC que os países em desenvolvimento façam cortes nas taxas aduaneiras de 40% a 60% enquanto os países desenvolvidos diminuirão as suas taxas aduaneiras entre 25% e 33% em média.

Para países como a Bolívia a erosão das preferências aduaneiras pela diminuição generalizada das taxas terá efeitos negativos na competitividade das nossas exportações.

O reconhecimento das assimetrias e o tratamento especial e diferenciado, real e efetivo, a favor dos países em desenvolvimento é limitado e obstaculizado na sua implementação pelos países desenvolvidos.

Nas negociações faz-se pressão para que novos setores de serviços sejam liberalizados pelos países, quando o que deveria ser feito era excluir definitivamente os serviços básicos de educação, saúde, água, energia e telecomunicações do texto do Acordo Geral de Comércio de Serviços da OMC. Estes serviços são direitos humanos que não devem ser objeto de negócio privado e de regras de liberalização que levam à privatização.

A desregulamentação e a privatização dos serviços financeiros, entre outros, são a causa da atual crise financeira mundial. Maior liberalização dos serviços não trará maior desenvolvimento, mas sim maiores possibilidades de crise e especulação em questões vitais como os alimentos.

O regime de propriedade intelectual estabelecido pela OMC beneficiou sobretudo as transnacionais que monopolizam as patentes, encarecendo o preço dos medicamentos e de outros produtos essenciais, incentivando a privatização e a mercantilização da própria vida, como provam várias patentes sobre plantas, animais e até genes humanos.

Os países mais pobres serão os principais perdedores. As projeções econômicas de um potencial acordo da OMC, mesmo as do Banco Mundial[3], indicam que os custos acumulados pela perda de empregos, pelas restrições à definição de políticas nacionais e pela perda de receitas aduaneiras serão maiores que os "benefícios" da "Rodada para o Desenvolvimento".

Passados sete anos, a rodada da OMC está ancorada no passado e desatualizada dos fenômenos mais importantes que estamos vivendo: a crise alimentar, a crise energética, as alterações climáticas e a eliminação da diversidade cultural. Os países ricos estão vendendo a idéia de que é necessário um acordo para resolver uma agenda mundial e este acordo não representa essa realidade. As suas bases não são as adequadas para assentar essa nova agenda mundial.

Estudos da FAO assinalam que com as atuais forças de produção agrícola é possível alimentar 12 bilhões de seres humanos, isto é, quase o dobro da atual população mundial. No entanto, há uma crise alimentar porque não se produz para o bem-estar humano, mas sim em função do mercado, da especulação e rentabilidade das grandes produtoras e comercializadoras de alimentos. Para enfrentar a crise alimentar é necessário fortalecer a agricultura familiar, camponesa e comunitária. Os nossos países em desenvolvimento têm de recuperar o direito de regular [4] as nossas importações e exportações para garantir a alimentação da nossa população.

Temos que acabar com o consumismo, o esbanjamento e o luxo. Na parte mais pobre do planeta morrem milhões de seres humanos de fome em cada ano. Na parte mais rica do planeta gastam-se milhões de dólares para combater a obesidade. Consumimos em excesso, esbanjamos os recursos naturais e produzimos lixo que contamina a Mãe Terra.

Os países devem dar prioridade ao consumo do que produzimos localmente. Um produto que percorre metade do mundo para chegar ao seu destino pode ser mais barato do que outro, que se produz nacionalmente, mas se tomarmos em conta os custos ambientais do transporte dessa mercadoria, o consumo de energia e a quantidade emissões de carbono que gera, então podemos chegar à conclusão de que é mais são para o planeta e para a humanidade dar prioridade ao consumo do que se produz localmente.

O comércio externo deve ser um complemento da produção local. De forma nenhuma podemos privilegiar o mercado externo à custa da produção nacional.

O capitalismo quer uniformizar-nos a todos para nos transformarmos em simples consumidores. Para o Norte há um só modelo de desenvolvimento, o deles. Os modelos únicos a nível econômico vêm acompanhados de processos de aculturação generalizada para nos impor uma só cultura, uma só moda, uma só forma de pensar e ver as coisas. Destruir uma cultura, atentar contra a identidade de um povo, é o mais grave dano que se pode fazer à humanidade.

O respeito e a complementaridade pacífica e harmônica das diversas culturas e economias é essencial para salvar o planeta, a humanidade e a vida.

Para que esta seja uma rodada de negociações efetivamente do desenvolvimento e ancorada no presente e no futuro da humanidade e do planeta deveria:

- Garantir a participação dos países em desenvolvimento em todas as reuniões da OMC pondo fim às reuniões exclusivistas da "sala verde" [5].

- Implementar verdadeiras negociações assimétricas a favor dos países em desenvolvimento nas quais os países desenvolvidos outorguem efetivas concessões.

- Respeitar os interesses dos países em desenvolvimento, não limitando a sua capacidade de definição e implementação de políticas nacionais a nível agrícola, industrial e de serviços.

- Reduzir efetivamente as medidas protecionistas e os subsídios dos países desenvolvidos. [6]

- Assegurar o direito dos países em desenvolvimento protegerem, pelo tempo que for necessário, as suas indústrias nascentes, da mesma forma que o fizeram no passado os países industrializados.

- Garantir o direito dos países em desenvolvimento regularem e definirem as suas políticas em matéria de serviços, excluindo expressamente os serviços básicos do Acordo Geral de Comércio de Serviços da OMC.

- Limitar os monopólios das grandes empresas sobre a propriedade intelectual, promover a transferência de tecnologia e proibir o patenteamento de qualquer forma de vida.

- Garantir a soberania alimentar dos países, eliminando qualquer limitação à capacidade dos Estados para regular as exportações e importações de alimentos.

- Assumir medidas que contribuam para limitar o consumismo, o esbanjamento de recursos naturais, a eliminação de gases de efeito de estufa e a produção de lixo que prejudica a Mãe Terra.

No século XXI, uma "Rodada para o desenvolvimento" já não pode ser de "livre comércio", mas sim tem que promover um comércio que contribua para o equilíbrio entre os países, as regiões e com natureza, estabelecendo indicadores que permitam avaliar e corrigir as regras de comércio em função do desenvolvimento sustentável.

Os governos têm uma enorme responsabilidade para com os seus povos. Acordos como os da OMC têm que ser amplamente conhecidos e debatidos por todos os cidadãos e não somente por ministros, empresários e "peritos". Os povos do mundo têm que deixar de ser vítimas passivas destas negociações e converter-se em protagonistas do nosso presente e futuro.

Evo Morales Ayma
Presidente da Bolívia

[1] A "Farm Bill 2008" foi aprovada em 22 de Maio pelo Congresso dos Estados Unidos. Autoriza que se realizem gastos que incluem subsídios à agricultura até 307 bilhões de dólares em 5 anos.

[2] O texto atual sobre agricultura propõe a diminuição dos subsídios dos Estados Unidos para um valor entre 13 e 16,4 bilhões de dólares por ano. No entanto, os subsídios reais que os Estados Unidos atualmente aplicam são de cerca de 7 bilhões de dólares por ano. Por outro lado, a União Européia está oferecendo nas negociações da OMC a reforma que realizou na Política Agrícola Comum (PAC) em 2003, sem propor maiores aberturas.

[3] Os países em desenvolvimento têm pouco a ganhar na Rodada de Doha: os ganhos projetados serão de 0,2% para esses países, a redução da pobreza mundial será de 2,5 milhões (menos de 1% dos pobres do mundo) e as perdas por taxas aduaneiras não cobradas serão pelo menos de 63 bilhões milhões de dólares (Anderson, Martin, and van der Mensbrugghe, "Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios," in Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, Anderson and Martin, World Bank/ / Back to the Drawing Board: No Basis for Concluding the Doha Round of Negotiations" by Kevin P. Gallagher and Timothy A. Wise, RIS Policy Brief #36)

[4] Esta regulação deve incluir o direito a implementar impostos às exportações, baixar taxas aduaneiras para favorecer importações, proibir exportações, subsidiar produções locais, fixar margens de preços, enfim todas as medidas que segundo a realidade de cada país melhor sirva o propósito de garantir a alimentação da população.

[5] "Green room meeting" ou "reuniões na sala verde" é o nome das reuniões informais de negociação na OMC nas quais participa um grupo de 35 países escolhidos pelo Diretor-Geral.

[6] Um corte real dos subsídios dos Estados Unidos: deveriam ser menores que 7 bilhões milhões de dólares por ano.