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| São Paulo |
La
violencia urbana en Brasil no para de crecer. En San Pablo, sólo en octubre
hubo 571 homicidios, 54 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y en
lo que va del año rondaron los 4 mil. El papel de la Policía Militar paulista,
reconocida como una de las más violentas del mundo, y el de los renacientes
grupos paramilitares en el incremento de la criminalidad están en pleno debate.
Así como su estrategia de guerra frontal contra el Primer Comando de la Capital
PCC), una estructura mafiosa en plena expansión. Pero las principales víctimas
de la represión pertenecen a las 3 P: pretos (negros), pobres y periféricos.
Mário Augusto
Jakobskind, desde Rio de Janeiro
Brecha, Montevideo,
30-11-2012
Poco antes de ser sustituido en el cargo de jefe de la Policía Civil paulista,
Marcos Carneiro de Lima reveló que varias de las personas que murieron en las
últimas noches en San Pablo (y fueron muchas) podrían haber sido víctimas de
policías que las buscaron adrede para ejecutarlas: los antecedentes judiciales
de esas personas habían sido consultados en las computadoras de la Secretaría
de Seguridad del estado. No hay manera de saber quién hizo la consulta, pero
que existió, existió, y muy poco antes de que las muertes se produjeran. La
Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, cuya cúpula acaba de ser
removida, sostiene que se trata de meras coincidencias, pero las sospechas se
han ido acumulando. Para Amnistía Internacional no hay duda alguna: los
escuadrones de la muerte han regresado a la escena brasileña.
Lo cierto es que sobre todo en San Pablo, la mayor megaurbe de América del Sur
y una de las mayores del mundo, hay instalado un cuadro a la mexicana, de
violencia criminal y contra-violencia estatal, homicidios múltiples y cada vez
más macabros.
Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de
Justicia divulgado por el diario O Globo, la estructura criminal del PCC
se ha ido expandiendo por todo el país, y hoy está presente en 21 estados y en
el Distrito Federal. El grupo moviliza decenas y decenas de millones de dólares
anuales y tiene a unos 13 mil integrantes rentados, 6 mil de los cuales están
hoy detenidos en cárceles que se han convertido en sus bases, otros 2 mil en
las calles de la capital del estado y los 5 mil restantes esparcidos por el
resto del territorio. Más una cantidad indeterminada de periféricos que superan
en mucho a los rentados. "La vida se paga con vida, la sangre se paga con
sangre", es la divisa del comando, que ha instruido a sus integrantes para
que cada vez que uno de los suyos caiga un policía del mismo cuerpo responsable
de esa muerte sea ejecutado. Enfrente, la policía responde con la misma moneda.
Y más aun. Por haber perdido totalmente el control de las tropas de la pm, el
encargado de la Secretaría de Seguridad del estado, Antonio Ferreira Pinto, fue
depuesto de su cargo.
El gobernador paulista, el conservador Geraldo Alckmin, no se cansa de repetir
que el Estado controla la situación, pero la realidad demuestra lo contrario. Y
no es de hoy que las denuncias sobre "desbordes" de la pm copan la
actualidad: en 2006, cuando el Primer Comando de la Capital prácticamente
paralizó la ciudad de San Pablo con una serie de ataques contra las fuerzas de
seguridad, la Policía Militar respondió con una violencia equivalente que
derivó en asesinatos extrajudiciales en cadena. Hubo 50 muertos en filas
policiales y unos 400 en filas de los delincuentes, muy pocos de ellos en
enfrentamientos reales, una versión brasileña de los "falsos
positivos" colombianos.
En cuanto al PCC, su fuerza está desbordando hacia otros estados, a partir de
los presos pertenecientes al comando que de hecho han tomado el control de las
cárceles de Mato Grosso del Sur (centro oeste) y Paraná (sur), regiones
estratégicas en función de su cercanía con las fronteras con Paraguay y
Bolivia, por donde circulan drogas en un sentido y en otro. En los últimos años
Brasil se convirtió en un poderoso mercado de consumo, lo que resultó en un
crecimiento exponencial de los grupos narcos, que han adaptado sus estructuras
de organización y gerencia financiera. La industria de la seguridad ha crecido
de manera paralela, de forma que, por ejemplo, los grandes centros comerciales
de las mayores urbes, en especial San Pablo, se han transformado en búnqueres,
verdaderas fortalezas plagadas de guardias.
Observadores políticos prevén que para las elecciones presidenciales y
legislativas de 2014 la cuestión de la seguridad interna y de la violencia
urbana sean temas prioritarios de la campaña, por primera vez en muchos años.
El PSDB, opositor al gobierno central, que administra el estado de San Pablo
desde hace 20 años pero que acaba de perder la intendencia de la capital, va a
hacer seguramente de la mano dura contra la delincuencia su principal caballito
de batalla, en una carrera desesperada por evitar una derrota en el principal
estado del país. El publicista João Santana, encargado del marketing de Lula en
2006 y de Dilma Rousseff en 2010, sugirió el lanzamiento de la candidatura del
ex presidente para la gobernación de San Pablo, lo que por un lado catapultaría
definitivamente a la actual mandataria para un segundo período presidencial y
por otro casi que aseguraría el pasaje del estado más rico del país a la órbita
del actual oficialismo. Habrá que ver con qué receta.
"Hay una
guerra no declarada, y es una guerra de clases"
Pobres,
pretos y periféricos
Nazaret
Castro, desde San Pablo *
Brecha,
Montevideo, 30-11-2012
Débora
Maria Silva se enteró por la radio de que habían matado a su hijo. Ella ya se lo
barruntaba: aquel domingo, Día de la Madre y cumpleaños de Débora, le pidió
precaución a Rogério, de 29 años, padre de un niño de 3. Él la tranquilizó,
aunque la calle estaba brava, en Santos como en todo el estado de San Pablo,
desde que la organización criminal más poderosa del país, el Primeiro Comando
da Capital (PCC),** había decretado la guerra a las autoridades, sacado a sus
hombres a las calles y ordenado matar policías, atacar comisarías y quemar
autobuses. El estado respondió con mano dura y lógica militar: en ocho días, la
Policía Militar (pm) mató a cerca de 500 jóvenes en favelas y periferias. Seis
años después, nadie pagó por los crímenes de mayo de 2006.
Después de aquella fatídica mañana, Débora se convirtió en una zombi. Dejó de
comer. La hospitalizaron. Un día despertó. La ira se había transformado en
furiosa indignación. Así que salió a la calle y buscó, una por una, a las
madres de las víctimas de aquellas ejecuciones. Desde entonces, las Madres de
Mayo pelean no sólo por la investigación de aquella masacre, sino por el fin de
la violencia estatal contra la población pobre.
La defensora pública, Daniela Skromov, señaló que la policía, y muy
especialmente la pm, es responsable del 20 por ciento de los homicidios en San
Pablo. Las fuerzas del estado de San Pablo cercenan cada año entre 500 y 600
vidas. El goteo de muertes se convirtió en cotidianidad para esta megalópolis
de 20 millones de habitantes. Pero, de vez en cuando, la violencia repunta y
vuelve a los quioscos de la Avenida Paulista.
Entre los meses de junio y julio pasados se registraron 586 homicidios dolosos
en la capital paulista, 22 por ciento más que en el primer semestre de 2011.
Esas cifras no incluyen la letalidad policial: según la Secretaría de Seguridad
de San Pablo, en ese primer semestre se produjeron 283 muertes a manos de la pm
y, muy especialmente, de las Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), una
tropa de elite surgida durante la dictadura militar y muy temida en la periferia
paulista por su letalidad. Movimientos sociales y asociaciones vecinales
contabilizan más de 200 casos apenas en los meses de junio y julio.
Según la versión más difundida por la prensa paulista, esta ola de violencia se
desató después de que, el 28 de mayo, agentes de la rota matasen a cinco
criminales pertenecientes al PCC. Algunos investigadores, como la socióloga
Camila Nunes Dias, apuntan a que el detonante podría ser el traslado de algunos
presos del PCC a cárceles del temido Régimen Disciplinar Diferenciado.
Como en 2006, el PCC decretó ataques contra policías y comisarías y quema
de autobuses. También como hace seis años, el Estado respondió recrudeciendo la
represión contra la población pobre y periférica.
En 2006 el PCC demostró que, si quería, podía paralizar la mayor urbe de
América del Sur. Nunca quedó claro cómo consiguió el Estado poner fin a los
ataques; la hipótesis más aceptada por los expertos es que aquellas
negociaciones terminaron de configurar ese delicado equilibrio de fuerzas entre
el mundo del crimen y las fuerzas del Estado que rige en San Pablo. Eso se
extrae de la tesis de Nunes Dias sobre la pacificación de la ciudad, que en los
últimos 15 años experimentó un notable descenso en las tasas de homicidio.
"Las policías siempre se relacionaron con los mercados criminales",
señala la abogada y socióloga Alessandra Teixeira. El estudio "San Pablo
bajo extorsión" evidenció que el detonante de los ataques de 2006 fue la
extorsión de la policía al líder del PCC, Marcos Camacho, alias "Marcola".
Lo cierto es que la propia existencia de la facción no se explica sin la
corrupción de policías, funcionarios y delegados de prisiones. Débora Silva
desafía: "El crimen organizado nació de dentro hacia afuera del Estado, no
al revés".
Policía racista y letal. Pequeños y grandes acuerdos sustentan las imbricadas
relaciones entre policías y criminales, pero ese equilibrio es extremadamente
frágil. De vez en cuando se rompe, como sucedió en Carandirú en 1992, en
Castelinho en 2002, en la capital paulista en 2006, en Osasco en 2010, o ahora.
Cuando así ocurre, quien sale perdiendo es invariablemente la población pobre y
negra de las periferias, y fundamentalmente los varones jóvenes. Porque el
sesgo de la letalidad policial es racista y de clase. "El 'dispara primero
y pregunta después' siempre fue la marca de nuestra policía, y siempre tuvo
como objetivo privilegiado a los negros (pretos), pobres y periféricos. 3 P:
esa es la sigla de nuestra política de exterminio", sostiene el
antropólogo Adalton Marques.
Con
poquísimas excepciones, las muertes provocadas por la pm son archivadas sin más
como "resistencia seguida de muerte" o "autos de
resistencia", esto es, como supuesta defensa propia de los agentes durante
la confrontación con los delincuentes.
La defensora pública ha denunciado la inconsistencia de las pruebas que
sustentan que esas muertes sean efectivamente resultado de enfrentamientos con
la policía. El fin de este tipo de registros fue una de las propuestas surgida
de una audiencia pública que reunió el 26 de julio a instituciones
gubernamentales y movimientos sociales.
Otra de las demandas de los movimientos sociales es la desmilitarización de la
policía, que también sugirió al gobierno brasileño la ONU tras una
reciente visita. Sin embargo, por el momento la pm va ganando terreno en San
Pablo, no sólo patrullando las calles -hay más de 100 mil agentes de la pm
frente a unos 30 mil de la Policía Civil-, sino también en la organización
política de los municipios: en San Pablo, coroneles de la pm están presentes en
30 de las 31 subprefecturas.
Los militares "se apropian de momentos como el actual para legitimar su
actuación violenta y extralegal", recuerda Alessandra Teixeira. Y, con la
inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación, que asumen en sus
titulares la tesis de que las víctimas son delincuentes y eluden contextualizar
esas muertes, se instala en la sociedad una visión que acepta la brutalidad
policial como garantía de su seguridad y "da una carta blanca, aceptación
y legitimación de esa violencia", en palabras de Teixeira.
El Estado, antes que combatir este tipo de violencia, la alienta. En un año
electoral, el gobierno conservador enarbola la política de la "tolerancia
cero" contra la delincuencia. El comandante de la pm, teniente-coronel
Salvador Modesto Madia, afirmó por su parte que no le importan los números de
letalidad policial, sino "su legalidad". Cabe recordar que Madia es
apuntado como responsable de más de 70 muertes en la masacre de Carandirú, de
1992.
Débora
y Danilo César, del Movimiento Madres de Mayo, denuncian que si bien la
violencia policial siempre existió en las favelas y periferias de San Pablo,
recrudeció a partir de 2006.
El asesinato es el extremo de una política de control y sometimiento de las
periferias que inunda la vida diaria de los vecinos de los barrios pobres:
extorsiones a comerciantes, abordajes policiales arbitrarios e irrespetuosos,
toques de queda ordenados por la policía y los grupos paraestatales. Poblaciones
como Osasco, Sapopemba, Capão Redondo o la Baixada Santista viven en permanente
estado de excepción.
La extorsión está "incrustada en el orden de cosas" de la periferia
paulista. Los llamados "grupos de exterminio", formados por agentes o
ex agentes de los cuerpos armados del estado, siembran el pánico y compran
lealtades en las comunidades pobres.
Las Madres de Mayo, así como la ONU y Amnistía Internacional, llevan
tiempo alertando sobre el fortalecimiento de estos grupos. "El gobierno se
acomodó en el discurso de que estas bandas están formadas por el crimen
organizado, pero no es cierto: las conforman agentes del Estado", denuncia
Débora Silva. Por eso ella prefiere hablar de milicias, como se denominó en Rio
de Janeiro a la evolución de esos grupos de exterminio, cada vez más
organizados y poderosos, y también cada vez más imbricados con los intereses de
la clase política y empresarial.
Higienización de la
pobreza
Para
Danilo y Débora, la truculencia policial y la ascensión de los grupos de exterminio
responden a la misma lógica que la política de encarcelamiento en masa -hay 500
mil presos en Brasil, y la cifra no deja de crecer- y que los desalojos de
favelas, cada vez más habituales en el Brasil que acogerá al mundial de fútbol
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. "Es una política de exterminio, de
higienización y criminalización de la pobreza", denuncia Danilo.
La ciudad de San Pablo vivió recientemente otros episodios de
"higienización de la pobreza", como el brutal desalojo de la favela
de Pinheirinho y la expulsión de los sin techo y de los drogadictos de barrios
del centro como Santa Ifigênia. En un contexto de boom inmobiliario, con los
megaeventos deportivos a la vuelta de la esquina y la necesidad de mostrarle al
mundo una ciudad limpia y segura, los intereses especulativos expulsan a los
pobres cada vez más lejos.
"Hay una guerra no declarada, y es una guerra de clases", puntualiza
Débora Silva. "No es algo de San Pablo ni de Rio: es de todo Brasil. El
país está a punto de estallar. El modelo no aguanta más, y no sabemos muy bien
cuándo ni cómo, pero sabemos que va a explotar", añade Débora.
Los
millones de personas que habitan las favelas y periferias de las grandes
ciudades, como los campesinos sin tierra, como los indígenas, son prescindibles
para el modelo económico que ha elevado a la economía brasileña a los primeros
puestos del ranking mundial. Sobran.
* Periodista
brasileña, colaboradora del diario El Mundo de Madrid y de Le Monde
Diplomatique, entre otras publicaciones.
** Según diferentes investigaciones estatales el PCC podría contar
con 200 mil miembros.
