Felipe Calderón se quejó de los comentarios de las instituciones de seguridad estadounidenses, a los que calificó de “falsos”. La DEA, la CIA y el Departamento de Estado le cuestionan la capacidad para gobernar buena parte de México.
Por Gerardo Albarrán de Alba, para Página/12
Desde México, D.F.
México no es un estado fallido ni ha perdido el control de su territorio a manos del crimen organizado, respondió el presidente Felipe Calderón, luego de varias semanas de críticas internacionales, acrecentadas con reportes del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, la DEA y hasta la ONU que señalan la imposibilidad del gobierno mexicano para controlar grandes porciones del país sujetas a una terrible violencia en la disputa por el mercado de las drogas, así como la enorme corrupción.
En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense Associated Press, el jueves pasado, Calderón se reviró y aseguró que “hace falta una buena limpieza del otro lado de la frontera”, en alusión a Estados Unidos, destino principal de las drogas que trafican los cárteles de todo el mundo, los mexicanos incluidos.
Calderón se quejó de los comentarios de las instituciones de seguridad estadounidenses, a los que calificó de “falsos” y advirtió que hacen “un daño tremendo” a las autoridades mexicanas.
Apenas el martes pasado trascendió en la prensa mexicana que, durante una agria discusión privada con gobernadores, coordinadores parlamentarios y a la dirigente nacional del PRI, realizada el 13 de febrero en la residencia oficial de Los Pinos, en las que intercambiaron acusaciones sobre complicidades con el narco, Calderón les advirtió: “Si no hacemos algo entre todos, el próximo con el que se van a sentar aquí a platicar va a ser un narco”.
Una semana antes, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, presente en la reunión entre Calderón y los priístas, repitió en París lo que le escuchó decir a su presidente. Al contraataque mediático de la administración de Calderón le entró también el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien dijo a AP que Estados Unidos debe hacer “mucho más” para frenar el contrabando de armas y el flujo de dinero sucio hacia México, algo en lo que se ha insistido prácticamente desde el inicio de la administración de Calderón.
Medina Mora reveló que los carteles del narcotráfico emplean recursos de hasta 10.000 millones de dólares anuales, que contrastan con los 6500 millones gastados por el gobierno mexicano, por encima de su presupuesto regular para combatirlos, en los últimos dos años.
Según el procurador, la violencia está llegando a su punto más alto en México, con más de 1100 ejecuciones en lo que va del año.
En las últimas semanas, todas las agencias de seguridad estadounidenses y varios gobiernos estatales, como los de Texas y Arizona, han cuestionado la capacidad de la administración de Calderón para gobernar buena parte del país, que está bajo control del narcotráfico, y destacaron la corrupción gubernamental y en las instituciones de seguridad mexicanas que protegen a las organizaciones del crimen organizado, en lo que coincidió un reporte de un organismo de la ONU.
Sin embargo, el especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional en México y América latina, José Luis Piñeyro, declaró a la radio pública mexicana que existen claras evidencias sobre la complicidad de las mafias estadounidenses con los cárteles mexicanos, las cuales permiten la operación de los cárteles extranjeros en los Estados Unidos, aunque a esas no se les menciona.
De estas acusaciones tampoco se salvan funcionarios públicos estadounidenses que facilitan el cruce de cientos de toneladas de drogas cada año desde el lado mexicano de la frontera, así como su transporte hacia los rincones de ese país.
La DEA asestó un duro golpe contra el cartel de Sinaloa, al culminar el miércoles pasado una operación de casi dos años en 26 estados en la que detuvieron a 755 personas. Por su parte, las autoridades mexicanas realizaron la Operación Limpieza, en la que cayeron varios funcionarios de Procuración de Justicia y de seguridad pública que estaban en las nóminas de los carteles de Sinaloa y del Golfo, incluido el ex zar antidrogas Noé Ramírez.
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