Caníbales en el menú

Cuando se habla de los procesos contra los represores, la cuestión sigue siendo: ¿Qué hacer con los caníbales?

Por Reynaldo Sietecase.

-¿Sabe por qué en la Argentina no hay caníbales?
–La verdad, no tengo ni idea.
–No quedó ninguno porque los comimos a todos.

Como tantas otros, este diálogo es atribuido al inagotable legado oral de Jorge Luis Borges. Hace unos días me recordó esta idea el doctor Andrés D’Alessio cuando lo consulté sobre la eventual prisión domiciliaria que se le podría conceder al represor Antonio Domingo Bussi. D’Alessio integró el tribunal que en 1985 condenó a los comandantes de la última dictadura militar en un fallo histórico y fue hasta 2002 decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Mientras conversábamos, cientos de militantes de izquierda y de algunas organizaciones de derechos humanos se enfrentaban con la Gendarmería en los alrededores de los tribunales tucumanos. Estaban furiosos porque los jueces que condenaron a prisión perpetua a Bussi y a su colega Luciano Benjamín Menéndez, no se expidieron sobre el pedido que hizo el fiscal para que Bussi cumpliera la pena en una cárcel común. Por un momento, los incidentes empañaron un día histórico para la Justicia argentina. Fue allí cuando D’Alessio citó al escritor.

Cuando se habla de los procesos judiciales que se siguen contra los represores, la cuestión sigue siendo la misma: ¿Qué hacer con los caníbales? La única respuesta posible, desde el estado de derecho, es no comérselos. Lograr que la conclusión borgeana funcione como el límite que no hay que cruzar. El desafío es otorgar a los represores las garantías y derechos que ellos cercenaron durante la dictadura.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal consideró que tanto Bussi como Menéndez, por los cargos que ejercieron, fueron autores mediatos de conformar una asociación ilícita, violar el domicilio de Vargas Aignasse, secuestrarlo, torturarlo, asesinarlo y favorecer su desaparición. También consideró que estos delitos fueron considerados de lesa humanidad.

El diputado Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del legislador desaparecido, explicó que no era importante en qué lugar el ex general Bussi cumpliera la condena. “Si los jueces opinan que, por su salud, debe hacerlo en su casa, así debe ser” y agregó: “Sólo espero que viva mucho tiempo para que pueda reflexionar sobre sus actos”. La sensatez del diputado peronista –a tono con la histórica lucha pacífica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo– contrastó con la postura de los sectores que intercambiaron palazos con la policía y trataban de impedir el traslado de Bussi.

Los reparos sólo pueden entenderse a la luz de la flexibilidad en las condiciones de detención que tuvieron ciertos detenidos en las reparticiones militares, pero el Ministerio de Defensa acaba de prohibir esos alojamientos.

Cualquier otra opción estaría más cerca de la ley del talión. ¿La recuerdan? Esa norma, que puede rastrearse en el Antiguo Testamento, demandaba un castigo que tuviera relación directa con el crimen cometido. De allí la frase que aparece en el Éxodo: “Ojo por ojo y diente por diente”. El famoso Código de Hammurabi (del 1792 a.C.) explica en la ley 229 la reciprocidad de los castigos: “Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto”. Y luego, va más allá, “si ella hizo morir el hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto”. Los delitos menores, tenían también reparaciones menores. Quien robaba una cabra tenía la obligación de devolver una cabra. Un robo podía llevar a la mutilación de la mano del ladrón. Es decir que existían compensaciones físicas para los delitos cometidos, algo que todavía ocurre en algunos países musulmanes. Con ese criterio, a Bussi y Menéndez no les alcanzarían centenares de clones para satisfacer a los damnificados por los crímenes aberrantes que ordenaron.

El “ojo por ojo” fue desapareciendo con la evolución de los ordenamientos jurídicos. Al mismo tiempo que la venganza –que conlleva una idea alejada de la reparación justa– era cuestionada por el cristianismo y el judaísmo.

En este momento, en los distintos tribunales del país, se tramitan unas 1.200 causas vinculadas a la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Se estima en poco más de mil las personas involucradas. Hay 403 detenidos, 336 en carácter preventivo y 67 procesados en libertad. Fueron condenados 28 represores y hay 55 prófugos. Sólo en el penal de Marcos Paz hay medio centenar de detenidos (Luis Abelardo Patti, Miguel Etchecolatz, Julio Simón, Jorge “Tigre” Acosta, Christian von Wernich, Jorge Radice, entre otros). El proceso –que cuenta desde hace cinco años con el decidido apoyo del poder político– es imparable y debe tener como único horizonte la reconciliación con justicia y memoria.

Mientras sectores vinculados a la derecha más reaccionaria insisten con su idea de equiparar los crímenes cometidos por la guerrilla con los realizados por el aparato estatal, es fundamental no caer en la tentación de incluir caníbales en el menú de la democracia.