PÊSAMES DO FMI PARA "EL PINGUINO"

Volar con viento brasileño de cola

En el marco de la visita presidencial a Brasilia, se firmará el acuerdo para la provisión de veinte aeronaves de la empresa aeronáutica Embraer. Un contrato por valor de 700 millones de dólares. La primera nave arribará en ocho meses.

Por Cledis Candelaresi

Escoltada por el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, Cristina Fernández de Kirchner formalizará el acuerdo para comprar veinte aviones Embraer que irán a nutrir la flota de Austral. El convenio, uno de los varios que se firmarán en la visita oficial a Brasilia que comenzó anoche, fue habilitado por una cláusula específica del Presupuesto Nacional para el año próximo, que permite expresamente al Estado tomar deuda para la compra de aeronaves. Sin ese permiso explícito, el contrato con la fábrica brasileña por un monto aproximado de 700 millones de dólares hubiese corrido serio riesgo de abortar.

Desde el gobierno local, la compra de veinte aviones brasileños E190 que se destinarán a vuelos de cabotaje se defiende como una operación muy ventajosa, fundamentalmente porque en su mayor parte se costeará con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. El Bndes aportará el equivalente al 85 por ciento de la operación, a una tasa que aún no está cerrada, pero que se definirá entre algunas alternativas que presentó esa entidad financiera y que se consideran ventajosas.

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AES: OUTRA REESTATIZAÇÃO NA ARGENTINA?

Se hizo la luz en Edelap y Aes se las ve negras

De la presentación se desprende que la estadounidense Aes Corp., controlante del 90 por ciento de las acciones, habría realizado una maniobra financiera que le ocasionó a la privatizada un perjuicio de 55 millones de pesos.

Por Cledis Candelaresi, para Página/12

Earl Anthony Wayne se retiró incómodo el martes de la semana pasada del despacho del ministro de Planificación, Julio De Vido. El embajador norteamericano entendió que a la estadounidense Aes Corp., accionista mayoritaria de Edelap, no le será fácil desembarazarse de la situación generada por la denuncia penal que presentó el Estado contra sus directivos por presunta defraudación contra la distribuidora eléctrica platense. Página/12 accedió a esa presentación de la que se desprende que la maniobra financiera del principal accionista le habría ocasionado a la privatizada un perjuicio de 55,3 millones de pesos. El descargo que intentaron los responsables de la división Latinoamérica de la trasnacional ante funcionarios del Ministerio de Planificación, horas después del encuentro entre el diplomático y el ministro De Vido, no resultó convincente para el Gobierno, que reclamó que investigara el Juzgado en lo Criminal y Correccional No 27 de Alberto Baños. Si el juez avala la imputación y los próximos balances de la privatizada constataran que, efectivamente, tiene un patrimonio neto negativo, estaría allanado el camino para una eventual reestatización.

Paradójicamente, todo comenzó con una auditoría financiera contable practicada por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que se está preparando para todas las distribuidoras eléctricas bajo su órbita (también Edenor y Edesur). Es una de las instancias más esperadas por las empresas, ya que de ese desmenuzamiento del negocio eléctrico surgiría un nuevo cuadro de precios ajustados sin discriminación de usuarios, a aplicar a partir de febrero. El gran aumento general tan anhelado por estas concesionarias.

En la ejecución de esa tarea, los técnicos oficiales se sorprendieron con una operación financiera por la que pidieron aclaraciones a la firma platense. “No hubo respuestas o éstas fueron evasivas”, se lamentaron los expertos del órgano regulador bajo el comando del ex cobista Mario de Casas. El hallazgo motivó la presentación de aquella denuncia penal, cuya derivación, imprevisible en esta instancia, podría llegar a la prisión de los responsables de Aes no identificados con nombre y apellido en la denuncia.

Desde que se la compró a Techint por 350 millones de dólares –un valor muy alto en relación con lo que indicaba el mercado–, Aes Corp. es dueña del 90 por ciento de las acciones de Edelap a través de Compañía de Inversiones de Electricidad S. A. (51 por ciento), Luz de la Plata S. A. (31,9 por ciento), Inversora Aes Américas Holding España (7,1 por ciento). El 10 por ciento restante pertenece al programa de propiedad participada, es decir los trabajadores, damnificados por las maniobras objetadas por el ENRE.

Luego de un proceso de reestructuración de pasivos, la distribuidora se quedó con una deuda de 38,81 millones de pesos a favor del Banco de Galicia y otra de 38,08 millones con el Bank Boston. A través de sus subsidiarias Aes Platense Investment Uruguay y Aes Argentina Holding Uruguay, la principal accionista compró esos pasivos por un monto menor, de 31,09 millones en el primer caso y 21,65 millones en el segundo. Pero esa transacción no le reportó ningún beneficio a la distribuidora eléctrica, que siguió endeudada en los valores originales y por el capital pactado entonces, sólo que cambió la ventanilla de pago: los fondos no iban a los bancos sino a su socio mayoritario.

“Téngase presente que si los fondos aportados por la sociedad controlante hubieran sido efectuados como aportes de capital societario a Edelap S. A., hubiera sido esta y no sociedades distintas pero pertenecientes al grupo la que hubiera usufructuado del descuento obtenido y actualmente hubiera resuelto sus problemas financieros”, sentencia la octava carilla de la presentación judicial a la que accedió Página/12. Si al beneficio que Aes obtuvo por aquellos descuentos en la compra de los pasivos se le añade el de los intereses que cobró y cobraría sobre el monto original de la deuda y no el reducido, resulta un perjuicio para Edelap de 36,5 millones de pesos (22,1 por el primer concepto y 12,4 por el segundo). No es todo.

Los reguladores también advirtieron otra ventanilla por la que se desperdiciarían los recursos de la distribuidora eléctrica “que podría encubrir una defraudación a los derechos de los accionistas minoritarios y a otros acreedores de la concesionaria”, que atraviesa una “grave situación patrimonial”. Edelap paga 18 millones de pesos a Luz de la Plata S. A. por el gerenciamiento, algo que a juicio del Estado constituye una “transferencia sin ninguna prestación a favor de la sociedad”. Resulta una de las decisiones más difíciles de explicar para Aes, en virtud de que el objeto exclusivo de la distribuidora es, justamente, la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”, lo que le quita sentido a esa virtual tercerización.

En rigor, Luz del Plata oficia de operador técnico de la distribuidora, cuya existencia fue impuesta por los pliegos licitatorios de casi todas las privatizaciones. El problema aquí es la magnitud de la remuneración. Los auditores públicos tomaron nota de que aquel monto representa el 2,2 por ciento de los costos totales de la concesionaria, contra el 1,2 por ciento que invierte Edenor por el mismo concepto, por ejemplo.

Finalmente, la denuncia ante la Justicia pide que se investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal, porque aquella operación de crédito descripta reportaría un beneficio a Aes no registrado localmente y, por lo tanto, no sujeto al pago del Impuesto a las Ganancias. Por ahora sólo una presunción de que se violó la Ley Penal Tributaria, pero que no dejó de incluirse en la presentación ante los tribunales, también alimentada por un dato urticante. De acuerdo con el texto, Edelap tiene un patrimonio neto negativo de 90 millones de pesos, según surgiría del balance cerrado el 30 de junio del 2008. Esto la pone en la delicada situación de ser capitalizada de inmediato, a riesgo de entrar en un proceso de disolución, tal como indica la Ley de Sociedades. Pero fuentes oficiales aseguran que, estrictamente, aquel cuadro adverso quedaría configurado recién a mediados del año próximo, ya que hoy resulta de una “proyección del flujo de fondos”.

Las “maniobras descriptas no sólo podrían traer aparejado un perjuicio hacia la administración nacional como concedente del servicio público, sino también en perjuicio de los usuarios”, reza el texto. Aes compró los activos de Edelap pero tiene la prestación del servicio en concesión. Si se probara tanto la comisión del delito de defraudación como la existencia de un patrimonio neto negativo, el Estado estaría en condiciones de forzar la venta de las acciones de Edelap en una oferta pública internacional o podría proceder él mismo a su rescate. Vía que por ahora De Vido asegura no querer transitar.

Las coincidencias con Aerolíneas Argentinas surgen ineludiblemente. Alberto Baños, titular del Juzgado No 27 en lo Correccional y Criminal, también analiza localmente los supuestos desvíos del dinero que la Sepi le dio a Marsans para cancelar pasivos concursales y equipar la compañía. El grupo aéreo tiene patrimonio neto negativo y el Estado está propiciando por vía parlamentaria y judicial el rescate de acciones. La privatización de Edelap parece estar transitando el mismo camino de imputaciones judiciales.

cledis@pagina12.com.ar

Sortean implante de siliconas con la entrada a boliches

Ahora podés salir una noche a bailar y regresar con un implante de siliconas.

¿Querés mejorar la delantera? ¿Te gustaría ponerte siliconas pero no tenés el dinero suficiente? Ahora podés salir una noche a bailar y regresar más pechugona. Al menos, ese es el mensaje que transmite un local nocturno cordobés, que ofrece a cambio de pagar una entrada de 10 pesos un sorteo de implante de siliconas.

La promoción es para chicas mayores de 18 años, y fue instalada como estrategia de marketing por el boliche Montecristo, de la ciudad cordobesa, según informó el diario local La Voz del Interior.

Pero esta propuesta insólita no es exclusividad de este boliche. En La Rioja, hay dos eventos en marcha con sorteos de cirugías estéticas. En uno, llamado Aqua y que se realizará hoy, la Subsecretaría de la Juventud provincial aparece como auspiciante. Si el ganador no quiere la cirugía (en cualquier parte del cuerpo y para varones y mujeres) pierde el premio. El otro concurso se llama “Quiero mis lolas” y ocurrirá en noviembre. Allí, además del implante mamario, se sortearán sesiones de cama solar. En San Juan, una megafiesta con el mismo nombre fue más osado: el primer premio es la cirugía de pechos; el segundo, una cirugía de nariz o un lifting, y el tercero, la colocación de botox.

“Todas las chicas que ingresen durante el mes podrán participar del sorteo llenando un cupón. El premio será una intervención quirúrgica mamaria”, explicó Aquilino Martínez, relacionista público de Montecristo. Y contó que durante este mes habrá 12 noches de fiesta: miércoles, viernes y sábado. Cuantas más veces ingresen, más posibilidades de tener “lolas” nuevas tendrán.

Martínez contó además que los dueños del boliche ya se han puesto en contacto con “las mejores clínicas de cirugía estética” de Córdoba. “ La idea surge ante la locura por las cirugías estéticas y mientras más público femenino captemos, más público masculino concurrirá al boliche”, manifestó el relacionista público del boliche, que tiene capacidad para unas 500 personas.

Una cirugía mamaria cuesta entre tres mil y siete mil pesos. Las prótesis importadas oscilan entre los 700 y los 1000 dólares.

DE TARINGA!

NOTA DO OMAR: Parentes argentinos me informaram que esses sorteios iniciaram na Capital Federal e estão se expandindo para todo o País.

Caníbales en el menú

Cuando se habla de los procesos contra los represores, la cuestión sigue siendo: ¿Qué hacer con los caníbales?

Por Reynaldo Sietecase.

-¿Sabe por qué en la Argentina no hay caníbales?
–La verdad, no tengo ni idea.
–No quedó ninguno porque los comimos a todos.

Como tantas otros, este diálogo es atribuido al inagotable legado oral de Jorge Luis Borges. Hace unos días me recordó esta idea el doctor Andrés D’Alessio cuando lo consulté sobre la eventual prisión domiciliaria que se le podría conceder al represor Antonio Domingo Bussi. D’Alessio integró el tribunal que en 1985 condenó a los comandantes de la última dictadura militar en un fallo histórico y fue hasta 2002 decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Mientras conversábamos, cientos de militantes de izquierda y de algunas organizaciones de derechos humanos se enfrentaban con la Gendarmería en los alrededores de los tribunales tucumanos. Estaban furiosos porque los jueces que condenaron a prisión perpetua a Bussi y a su colega Luciano Benjamín Menéndez, no se expidieron sobre el pedido que hizo el fiscal para que Bussi cumpliera la pena en una cárcel común. Por un momento, los incidentes empañaron un día histórico para la Justicia argentina. Fue allí cuando D’Alessio citó al escritor.

Cuando se habla de los procesos judiciales que se siguen contra los represores, la cuestión sigue siendo la misma: ¿Qué hacer con los caníbales? La única respuesta posible, desde el estado de derecho, es no comérselos. Lograr que la conclusión borgeana funcione como el límite que no hay que cruzar. El desafío es otorgar a los represores las garantías y derechos que ellos cercenaron durante la dictadura.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal consideró que tanto Bussi como Menéndez, por los cargos que ejercieron, fueron autores mediatos de conformar una asociación ilícita, violar el domicilio de Vargas Aignasse, secuestrarlo, torturarlo, asesinarlo y favorecer su desaparición. También consideró que estos delitos fueron considerados de lesa humanidad.

El diputado Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del legislador desaparecido, explicó que no era importante en qué lugar el ex general Bussi cumpliera la condena. “Si los jueces opinan que, por su salud, debe hacerlo en su casa, así debe ser” y agregó: “Sólo espero que viva mucho tiempo para que pueda reflexionar sobre sus actos”. La sensatez del diputado peronista –a tono con la histórica lucha pacífica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo– contrastó con la postura de los sectores que intercambiaron palazos con la policía y trataban de impedir el traslado de Bussi.

Los reparos sólo pueden entenderse a la luz de la flexibilidad en las condiciones de detención que tuvieron ciertos detenidos en las reparticiones militares, pero el Ministerio de Defensa acaba de prohibir esos alojamientos.

Cualquier otra opción estaría más cerca de la ley del talión. ¿La recuerdan? Esa norma, que puede rastrearse en el Antiguo Testamento, demandaba un castigo que tuviera relación directa con el crimen cometido. De allí la frase que aparece en el Éxodo: “Ojo por ojo y diente por diente”. El famoso Código de Hammurabi (del 1792 a.C.) explica en la ley 229 la reciprocidad de los castigos: “Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto”. Y luego, va más allá, “si ella hizo morir el hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto”. Los delitos menores, tenían también reparaciones menores. Quien robaba una cabra tenía la obligación de devolver una cabra. Un robo podía llevar a la mutilación de la mano del ladrón. Es decir que existían compensaciones físicas para los delitos cometidos, algo que todavía ocurre en algunos países musulmanes. Con ese criterio, a Bussi y Menéndez no les alcanzarían centenares de clones para satisfacer a los damnificados por los crímenes aberrantes que ordenaron.

El “ojo por ojo” fue desapareciendo con la evolución de los ordenamientos jurídicos. Al mismo tiempo que la venganza –que conlleva una idea alejada de la reparación justa– era cuestionada por el cristianismo y el judaísmo.

En este momento, en los distintos tribunales del país, se tramitan unas 1.200 causas vinculadas a la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Se estima en poco más de mil las personas involucradas. Hay 403 detenidos, 336 en carácter preventivo y 67 procesados en libertad. Fueron condenados 28 represores y hay 55 prófugos. Sólo en el penal de Marcos Paz hay medio centenar de detenidos (Luis Abelardo Patti, Miguel Etchecolatz, Julio Simón, Jorge “Tigre” Acosta, Christian von Wernich, Jorge Radice, entre otros). El proceso –que cuenta desde hace cinco años con el decidido apoyo del poder político– es imparable y debe tener como único horizonte la reconciliación con justicia y memoria.

Mientras sectores vinculados a la derecha más reaccionaria insisten con su idea de equiparar los crímenes cometidos por la guerrilla con los realizados por el aparato estatal, es fundamental no caer en la tentación de incluir caníbales en el menú de la democracia.

Estafas del modelo privatizador

Por Pino Solanas, Crítica Digital

La iniciativa del Gobierno de estatizar Aerolíneas Argentinas plantea serios interrogantes a la vez que confirma el rotundo fracaso del modelo privatizador de los transportes públicos. Siguiendo los anuncios gubernamentales y con una negociación en manos del secretario de Transporte, hay que preocuparse: Ricardo Jaime estuvo ligado al escándalo de Southern Winds y al de LAFSA.

El Estado paga los salarios del personal sin haberla dotado de un solo avión. Ahora el Gobierno debe explicar a la ciudadanía cómo fue posible que aceptara los balances fraudulentos presentados por Marsans en estos años y que fueron antes cuestionados porque ocultaban el quebranto. Se pretende retomar Aerolíneas con su flota y oficinas internacionales vendidas, los talleres vaciados y un pasivo de u$s900 millones.

Lo más probable es que sea otro capítulo del viejo culebrón "El Estado Rebobo", que cuenta cómo se lo roba y vuelve a hacerse cargo de las deudas que deja el agradecido concesionario privado. ¿Qué enseñanzas deja el vaciamiento y privatización de nuestra línea aérea de bandera? ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar otra defraudación? ¿Debemos retomar Aerolíneas o crear una nueva empresa –esta vez pública– retomando sus rutas y excelente personal?

LA PRIVATIZACIÓN. Aerolíneas Argentinas fue creada en 1950 por el gobierno de Perón y llegó a ser líder de las compañías del hemisferio sur. Daba beneficios y era considerada de las más seguras del mundo. Al comienzo de los años 90 fue valuada en algo más de u$s600 millones, muy por debajo de su valor real. La tasación del Boeing 707 –que estaba volando– fue de un dólar, lo que motivó el pedido de la Fuerza Aérea para que se lo cedieran, y aún sigue operando. Contaba con una flota de 28 aviones propios y uno alquilado, con rutas internacionales y el monopolio de las de cabotaje.

Al momento de la licitación, el único interesado fue Iberia, que ofertó u$s260 millones en efectivo por el 85% de las acciones, más otros u$s560 millones en títulos de la deuda argentina, que cotizaban en el mercado al 20% de su valor nominal, pero se los tomaba al 100% para comprar empresas del Estado. Eran los tiempos alegres del Plan Brady-Cavallo.

La privatización de Aerolíneas se consumó con abusos jurídicos y económicos inaceptables. Para comprarla, Iberia hipotecó la flota de aviones de nuestra compañía y la Corte Suprema inventó la oscura teoría del per saltum para sacarle la causa al juez natural Garzón Funes.

Allí no terminó la cosa: los talleres de Aerolíneas, que contaban con 3 simuladores de navegación e innumerables repuestos, fueron vaciados y transferidos a Madrid; se levantaron rutas internacionales y nacionales mientras los aviones y las oficinas en París, Nueva York y otras capitales se vendieron.

Para evitar la quiebra, en 2001 el gobierno español extendió un crédito de €800 millones al grupo Marsans destinado a pagar las deudas de Aerolíneas y comprarla. El nuevo operador las pagó en parte y el resto del dinero fue desviado hacia otros fines. Como su hermana venezolana Viasa –también comprada por Iberia– Aerolíneas terminó vaciada y quebrada.

CRISIS Y COLAPSO DEL TRANSPORTE. Las concesiones ferroviarias que se arrastran desde Menem constituyen una estafa a la sociedad. El modelo kirchnerista de patria subsidiada alcanza en ellas su máxima expresión: el Estado paga los salarios de los trabajadores y todas las roturas y reposiciones de material. Los concesionarios realizan las reparaciones de rodados y estaciones, facturando varias veces por encima del valor real. Las denuncias de sobreprecios efectuadas en estos años fueron desoídas por el Gobierno y la Justicia. En los 37 talleres fábrica se robaron miles de repuestos nuevos, máquinas y herramientas dejados en custodia. El saqueo fue total y no se conocen acciones penales.

En cuanto a la calidad del servicio, se suprimieron los trenes a las provincias y las cargas pasaron a las carreteras, que terminaron colapsadas, multiplicando los muertos y heridos; nunca los pasajeros fueron tan maltratados ni los aviones tuvieron tan poco mantenimiento técnico.

En síntesis, los ferrocarriles se privatizaron porque perdían u$s1 millón por día. Hoy cuestan u$s3 millones diarios y sólo queda el 20% de los ferrocarriles que teníamos. Los transportes y las comunicaciones son asuntos estratégicos que exigen un gran debate y la convocatoria a universidades y organizaciones sociales y políticas para estudiar un nuevo modelo de gestión de los servicios públicos.

¿OTRA FALSA "ARGENTINIZACIÓN"? Ahora el Gobierno sale en salvataje del concesionario español que deja la empresa con una deuda que ronda u$s900 millones, un solo avión propio y 43 alquilados, pero la mitad no vuela por averías.

¿Por qué el Estado argentino, siendo acreedor de Aerolíneas, tiene que hacerse cargo del quebranto? ¿No pasó lo mismo con la vieja privatización de Austral, quebrada por el grupo Pescarmona? ¿Otra vez pagaremos deudas para volver a entregar la empresa al capital privado o a López Mena, dueño de Buquebús o será otra falsa "argentinización" como la de YPF-Repsol con el banquero Ezquenazi? ¿Se exigirá una auditoría de inventario de los bienes entregados? ¿Cómo y quiénes tasarán la fundida compañía cuyo activo son las rutas y el personal?

Frente a las alternativas que abre el traspaso de Aerolíneas al Estado, recordemos que los servicios públicos como las escuelas y los hospitales no tienen como objetivo dar ganancia sino un servicio social a la comunidad. Los transportes y las comunicaciones son asuntos estratégicos que exigen un gran debate y convocar a las universidades y organizaciones sociales y políticas para estudiar un nuevo modelo de gestión pública.

ALTERNATIVAS AL MODELO. ¿Cuál es la alternativa a la vieja empresa estatal bajo control del partido gobernante o a la compañía privada que busca beneficios rápidos a cualquier precio? ¿Con lo que se piensa gastar: no es hora de partir hacia un nuevo modelo de empresa pública donde los usuarios y trabajadores participen en su control?

El debate postergado entre lo público y privado sigue ocultando falsos mitos como que el Estado es mal administrador. Las instituciones no son responsables de sus conducciones como no lo es el automóvil ante su víctima. Las privatizaciones demostraron lo contrario de lo que anunciaban: fueron y siguen siendo un pésimo negocio y un robo a la Nación.

El Gobierno nacional no tiene el proyecto de reconstruir la aeronavegación. Las rutas de cabotaje comenzaron a cederse a compañías extranjeras cuando el Estado –además de Austral– cuenta con dos empresas que esperan se las dote de equipos: LAFSA, con personal y sin aviones, y LADE, con una vieja flota donde vuelan pocos aviones.

¿No sería más sensato que en base a ellas y al personal y rutas de Aerolíneas se invierta en una nueva compañía lo que se piensa pagar por las deudas de Marsans? La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, hasta hoy fue cómplice del despojo. Es de esperar que esta vez el Congreso impulse un gran debate sobre el futuro de la aerolínea de bandera y la reconstrucción del sistema integral de transporte.

* Referente de Proyecto Sur.