DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

Poderosos e irresponsables

Las autoridades europeas juzgaron que la calificación de las agencias a deudas soberanas y bancos agrava la crisis y podrían prohibir su difusión. En América latina, la opinión de estas agencias en los ’80 y los ’90 era palabra sagrada.

Por Raúl Dellatorre, para Página/12

La acción de las agencias calificadoras preocupa a las autoridades europeas, a punto tal que evalúan seriamente prohibir la publicación de sus informes. Según el comisario de Servicios Financieros y Mercado Interno de la UE, Michel Barnier, la medida se justificaría “cuando un país está negociando” una salida a su crisis, cuando las calificaciones negativas lleguen “en un momento inoportuno” o cuando provocan “inestabilidad en el país endeudado o, incluso, en el mundo”. No les faltan razones a las autoridades europeas, pero repasándolas surge claramente que son las mismas razones que ya existían en las décadas del ’80 y del ’90. Sólo que entonces los países endeudados y sometidos a las condiciones de refinanciación que imponían las calificadoras se llamaban Argentina, Ecuador o México. Ahora, en cambio, se llaman Italia y España.

Las tres principales calificadoras internacionales, Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, tienen a maltraer a bancos y países europeos. La última semana se produjo una sucesión de bajas de calificación que afectaron la deuda soberana de España, la banca italiana y amenazó con alcanzar a la banca francesa. Ayer se agregó una nota de Moody’s que, en tono de “advertencia”, pone en duda la solvencia de las aseguradoras europeas ante una “eventual crisis de las deudas soberanas de Italia y España”.

Las calificadoras de riesgo, cuya opinión era palabra sagrada en los años de apertura y privatizaciones, ahora han caído bajo la condena de las autoridades europeas, que parecen haber descubierto recién ahora que, detrás de estas entidades se encubren intereses económicos. Y no de los más sanos, o de los que marchan en el mismo sentido que los de la mayoría de la población.

“Las agencias de rating no vieron llegar la crisis, no calificaron correctamente determinados productos y empresas. Las agencias de rating deben considerarse probablemente una de las causas de esta crisis por malas evaluaciones que hicieron de ciertos riesgos y que tuvieron efecto procíclico”, dijo Barnier ayer, al explicar las razones por las que la Unión Europea promoverá un mayor control de las calificadoras, que no excluye la posibilidad de prohibir la divulgación de sus informes.

Para Barnier, el impacto negativo de las agencias de rating es incluso mayor en el caso de la deuda pública, porque “el efecto procíclico y sobre la estabilidad financiera puede verse agravado por calificaciones que se emiten de cualquier manera, sin que se sepa cómo se establecen, sin que se esté seguro de que hubo un diálogo con el país calificado”. Agregó que “no es el termómetro lo que provoca la fiebre, pero el termómetro debe funcionar correctamente para no agravarla y medirla correctamente, en el buen momento”.

En países en que, como Argentina, la deuda externa ha sido instrumento de dominación y sometimiento al poder financiero internacional, las noticias provenientes de Europa pueden resultar a la vez paradójicas e irritantes.

Paradójicas, porque son las autoridades europeas las que recogen ahora los argumentos que, en condiciones desfavorables, pretendían sostener por estas tierras y sin éxito durante dos décadas quienes se resistían y combatían al “pensamiento único” neoliberal.

Irritantes, porque la falacia de “las señales del mercado”, en el que se tenía que “generar confianza” y no provocar “malhumor”, justamente siguiendo los dictados de las calificadoras de riesgo, dejó un tendal de destrucción del tejido social, con hambre y muertes por desatención del Estado incluidos.

La reacción del pueblo griego, con una huelga de 48 horas y las manifestaciones de sus intelectuales condenando “la política irresponsable y criminal de austeridad y privatización” (carta abierta de Mikis Theodorakis y Manolis Glezos del 13 de octubre), deja en claro que el combate es contra el poder financiero concentrado. Las autoridades europeas pelean con ese mismo capital, histórico socio, pero sólo para evitar que los desbordes terminen desmoronando el imperio. Condenan la codicia del poder que expresan con su accionar las calificadoras, pero no el modelo económico y político que ellas representan.

Esa disputa sigue pendiente.