El ex policía tucumano, condenado por violencia y gatillo fácil, brindaba un curioso reportaje mientras la Gendarmería rodeaba su casa. Al terminar, sacó un arma y se disparó ante la cámara. Estaba acusado por una muerte y una violación durante la dictadura.
Por Pedro Lipcovich, para Página/12
“He tratado de obrar con la mayor coherencia”, dijo Mario Ferreyra mientras, con absoluta serenidad, se disponía a matar a un hombre que, en este caso, era él mismo. “Bienvenidos –les había dicho a los periodistas de Crónica TV–, porque van a trasmitir algo que es real.” Segundos después, se disparó un tiro en la sien; la sangre empapó a uno de sus siete hijos, que lo abrazaba ya muerto, mientras los ojos en blanco del ex comisario empezaban a multiplicarse en las pantallas de la televisión.
Todo sucedió sobre el tanque de agua del techo de su casa, adonde una comisión de Gendarmería había llegado para detenerlo, acusado de participar en la detención ilegal de un hombre y en la violación de una mujer durante la última dictadura militar. El Malevo había saltado a la fama en 1993, cuando escapó de la sala donde un tribunal acababa de condenarlo por el asesinato de tres hombres en 1991, cuando comandaba la Brigada de Investigaciones de Tucumán. Luego de 79 días fugado en el monte, fue detenido. Pero sólo pasó cuatro años y medio preso: en 1998, gracias a dos reducciones de pena dispuestas por el entonces gobernador Antonio Bussi, recuperó la libertad. En 2006 fue nuevamente detenido por lesiones, amenazas de muerte y tenencia de armas, pero otra vez lo dejaron libre. El 11 de noviembre pasado, nuevamente un juez había dispuesto su captura, por primera vez en relación con la represión ilegal que había comandado Bussi.
El 11 de noviembre pasado, el juez federal subrogante Nº 1 de Tucumán, Daniel Bejas, libró orden de detención contra Ferreyra y contra el ex comisario Francisco “Pancho” Orce, en la “megacausa” que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, durante la última dictadura militar. La investigación se refiere a unas 80 víctimas de un total de mil, que se estima pasaron por ese centro durante la intervención militar de Bussi, en Tucumán. Ferreyra y Orce están acusados de haber participado en la privación ilegítima de la libertad de Carlos Osores y en la violación de Graciela Osores, su hermana.
La medida tomada por Bejas había sido recomendada por los jueces Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau en su fallo del 17 de septiembre pasado, que confirmó el procesamiento de Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo y Mario Alberto Zimmermann por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenal; en el caso de Bussi, se le imputó la autoría material del homicidio de Luis Eduardo Falú (hermano de Ricardo Falú, ex diputado nacional y ministro de la gobernación de Ramón Ortega).
Ayer, antes de suicidarse, Ferreyra sostuvo que “persiste la actitud de querernos detener. Si no hay decisión suprema, esto no va a tener fin. La policía –afirmó– tiene que adaptarse a cualquier tipo de gobierno, y somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias”. El jueves pasado, la Justicia había dispuesto medidas de protección para los jueces Bejas y Alicia Noli y para la asesora en derechos humanos Laura Figueroa, quienes habían sido amenazados por Ferreyra.
Antes de 1991, como jefe y caudillo de la Brigada de Investigaciones –sombrero Panamá, camisas negras, patillas inmensas–, había protagonizado varios amotinamientos policiales durante el gobierno de Ramón Ortega. El 10 de octubre de ese año, al mando de ocho efectivos, persiguió a tres hombres; no vaciló en salir de su jurisdicción, en la provincia de Salta, los capturó y, en Laguna de los Robles, los mató a tiros. Después pretendió que había sido un enfrentamiento, pero el 14 de diciembre de 1993, la Sala I de la Cámara Penal tucumana los condenó, a los nueve, a cadena perpetua por homicidio. Cuando terminó de leerse el fallo, el Malevo, esgrimiendo una granada de mano que nadie le había impedido portar, se alzó y, contemplado por los agentes de custodia, escapó con cinco de sus hombres. Estos se entregaron poco después, pero Ferreyra huyó al monte. Lo acompañaba María de los Angeles Núñez, de 19 años, que estaba embarazada de él. Pasaron 79 días hasta que una patrulla lo rodeó y lo capturó cerca del pueblito de Zorro Muerto, en Santiago del Estero.
Sin embargo, Antonio Domingo Bussi, gobernador de Tucumán, en septiembre de 1996 le redujo la condena a 20 años, y en diciembre de 1997 se la achicó otro diez por ciento. La buena conducta en la cárcel, obviamente acreditada por el Servicio Penitenciario provincial, le permitió obtener la libertad condicional el 16 de septiembre de 1998. Dos días después ya tenía trabajo como “supervisor de cobranzas” en una empresa cuyo dueño era Jorge Soria, ex integrante de la Brigada de Investigaciones. El sábado 20 fue homenajeado con un asado por 300 personas –muchas llevaban sombreros como el del Malevo–, en el que participó Enrique Artigas, secretario de Salud del gobierno de Bussi.
En 2003, corrió riesgo de perder la libertad condicional por trabajar en una empresa de seguridad privada, pero nada sucedió. En 2006, una vecina lo denunció, a él y a María de los Angeles Núñez, por pegarle hasta causarle lesiones y amenazarla de muerte. Cuando, por orden del fiscal, fue allanada su vivienda, se encontraron armas de fuego y proyectiles –todas conductas prohibidas en una persona bajo libertad condicional– y se ordenó su detención. Después de dos semanas, el 10 de mayo, se entregó. Pero el 3 de junio la jueza Emma de Nucci le restituyó la libertad condicional, bajo una caución de 5000 pesos. En noviembre de 2007, el propietario de una granja en la localidad de Mista lo acusó de haber ingresado en sus tierras con maquinaria pesada y, junto con varios cómplices, haber cosechado por su cuenta 20 hectáreas de terreno, llevándose 25 toneladas de cereal por valor de 12.500 pesos. Ferreyra declaró ante una fiscalía, y tampoco esa vez le fue retirada la libertad condicional.
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