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| Spaghetti Carbonara |
Ugo Mattei · · · · ·
Si los resultados de las elecciones locales y regionales de hace dos semanas fueron desastrosos para Berlusconi, el triple referéndum –a favor de la erradicación de la energía nuclear, a favor de la prohibición de privatizar el agua, a favor de la igualdad ante la ley y la subordinación de los políticos a ella— ha sido un verdadero plebiscito popular, no sólo contra il cavaliere, sino contra el núcleo duro del programa neoliberal esquilmador y contra un establishment político y mediático cómplice activo o pasivo de ese desastre. Mirado con recelo por los partidos políticos del arco parlamentario, ridiculizado por los tertulianos y expertos de turno, ninguneado por el gobierno –que apostaba abiertamente por una participación popular insuficiente—, ignorado por la televisión y el grueso de los grandes medios de comunicación, el movimiento de base de la población italiana a favor de la democracia y de los bienes públicos y comunes ha conseguido movilizar electoralmente al 57% de la ciudadanía y ha triunfado clamorosamente en los tres referenda, con más de un 94% de votos favorables. El gran jurista italiano Ugo Mattei califica la situación así creada como un verdadero momento constituyente.
¡Se ha votado! Parece increíble pero hemos conseguido hacer que el pueblo soberano se pronuncie sobre cuestiones fundamentales para nuestro futuro, sin la mediación de los partidos ni de las burocracias políticas. Hemos conseguido abrir un debate serio en el país, impulsar instrumentos de acción política y proponer un lenguaje nuevo, el de los bienes comunes, que ha abandonado el reducido terreno de quienes se dedican al tema.
No es una meta nueva, ni era descontado que pudiéramos alcanzarla. Una votación popular que revierta el rumbo de un modelo de desarrollo fundado en la ideología de la privatización y en la primacía creciente del interés privado sobre el ´publico, no puede sino molestar a muchos. Desde el punto de vista político, podría suponer una ruptura y abrir incluso una fase constituyente capaz de superar en Italia el bloqueo de un pensamiento único que ha paralizado toda posibilidad de salida alternativa a la crisis. Por lo pronto, hemos conseguido frenar el enloquecido festín nuclear que se avecinaba cuando, hace poco más de un año, se confirmaban los acuerdos italo-franceses entre Edison y Edf. Un auténtico pactum sceleris que los periódicos presentaron sin pudor como un paso hacia la modernización.
A Cofindustria se le hacía agua la boca pensando en las jugosas transferencias de recursos del sector público al privado. Ahora, se revuelve nerviosa porque ve esfumarse también el negocio del agua, de los transportes y de la basura. En realidad, si ganamos los referendos, deberíamos organizar la gestión del agua de manera coherente con su naturaleza de bien común, es decir, encomendando su gestión a un sector público reestructurado y democrático a partir de una lógica ecológica y de largo plazo. Tendremos que encontrar las inversiones para una gran intervención pública en el territorio que permita reconfigurar las infraestructuras y prevenir su degradación. Habrá que crear también puestos de trabajo de calidad como los que, hace casi un siglo, tenían los guardavías antes que la Asociación Nacional de Acción Social se convirtiera en una agencia de gestión de concesiones administrativas.
¿No deberían los capitales privados invertir a largo plazo? ¿No deberían las concesiones ser transparentes y meritocráticas? ¿Cómo es posible que no haya dinero público para una reconversión ecológica de nuestro modelo de desarrollo cuando se destinan unos 200 millones de euros al mes para perpetrar masacres civiles en Libia y Afganistán, incumpliendo de manera brutal la Constitución?
Plantear estas preguntas no ha sido sencillo. El gobierno tuvo el descaro de incluir en la exposición de motivos del decreto Ronchi la gran mentira según la cual la cesión al sector privado del servicio hídrico y de los servicios de interés económico general (transportes y recolección de residuos) sería obligatoria según el derecho europeo y, por tanto, no susceptible de ser sometida a referéndum. Este argumento ha sido el mantra repetido por nuestros opositores (bipartidistas) mientras recogíamos millones de firmas e iniciábamos un gran proceso desde debajo de alfabetización hídrica, ecológica e institucional que, por sí mismo, ha hecho de Italia un sitio mejor. Luego, la Corte constitucional acogió con una mayoría de dos tercios nuestra iniciativa refrendaria, desautorizando al gobierno, dejando claro los límites culturales de los planteamientos de la Abogacía del Estado y reconociendo la importancia incluso en términos jurídicos de la noción de bienes comunes (poco después de que la noción fuera acogida y desarrollada incluso por el Tribunal de Casación)
A partir de aquel momento, el gobierno debería haber asumido su papel de "administración" en respeto de la Constitución. Lejos de hacerlo, sin embargo, dilapidó 350 millones de euros –el mismo dinero público imposible de destinar a la reparación de los acueductos- para combatir los referendos. De inmediato presentamos un recurso contra esta vergüenza, pero ni el Tribunal Administrativo Regional de Lazio ni la Corte Constitucional tuvieron el valor de oponerse. El 4 de abril estalló la cuestión de la par condicio [sobre la igualdad en el acceso a los medios de comunicación N.d.T.] que convirtió en tabú la discusión sobre los bienes comunes, mientras la mayoría política se hacía con la Comisión de Vigilancia con el objeto de impedir que se aprobasen los decretos necesarios para asignar espacios a los promotores de los referendos.
En un momento en que la terrible tragedia de Fukushima vuelve imposible no hablar de la cuestión nuclear, el gobierno, como un niño cogido por su madre con las manos en un bote de mermelada, marcó un gol en propia puerta y dio un espaldarazo al referéndum. Con el tacto jurídico de una mayoría que a fuerza de despreciar la legalidad no sabe cómo utilizarla, el decreto ómnibus intentó frenar la votación sobre las nucleares. Durante unas semanas, la confusión generada en la opinión pública fue total. Sin embargo, la torpeza y vulgaridad de este golpe de último minuto acabó por activar en el cuerpo electoral los anticuerpos de la indignación. Nuestra energía se multiplicó y se sumaron apoyos hasta entonces impensables. El vínculo cultural entre la cuestión de la energía nuclear y la del agua, puesta de manifiesto en las reflexiones sobre los bienes comunes, hizo crecer el espesor político de nuestros análisis, así como el significado de los referendos. Mientras tanto, el mundo católico, movilizado por ese gran exponente de la visión política a largo plazo que es Alex Zanotelli, entraba también en campaña. En este escenario, los referendos, con sus redes integradas por decenas de miles de activistas en buena parte ajenos a los partidos, aparecen como la expresión italiana de las primaveras árabes y de los indignados españoles. En pocas horas sabremos si la mayoría del pueblo italiano comparte nuestro intento de conferir fuerza política constituyente al replanteamiento de las relaciones entre lo público y lo privado a través de los referendos abrogativos a favor de los bienes comunes. En caso afirmativo, la codicia por el oro azul habrá reducido a papel mojado, al menos en Italia, la tesis del fin de la historia y el pensamiento único.
Ugo Mattei (Turín, 1961) es catedrático de derecho internacional y comparado en la Facultad de Derecho(Hastings College of Law), de la University of California, y de derecho civil en la Facultad de Jurisprudencia de la Università degli Studi de Turín. Civilista europeo de vivísimo ingenio –del temple de sus dos grandes maestros, Rodolfo Sacco y Rudolf Schlesinger—, rojo impenitente, trabajador infatigable, académico de libro, common lawyer a la anglosajona y abogado de todo género de causas, cruza el Océano Atlántico al menos dos veces al año para impartir sus clases, un semestre en San Francisco y otro en Turín. La editorial italiana Il Mulino acaba de publicar su libro: Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica [Invertir el rumbo. Ideas para una reforma de la propiedad pública], coescrito con Edoardo Reviglio y Stefano Rodotà.
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