Al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero lo asesinaron el 24 de marzo de 1980. Sus últimas palabras, pronunciadas un día antes en la catedral de San Salvador, estuvieron dirigidas a los militares: "Están matando a sus mismos hermanos campesinos. Ningún soldado tiene que obedecer la orden de matar. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión". Sólo un disparo en el pecho, justo en el momento de alzar el cáliz en la capilla de un hospital, pudo acallar su voz. Pero al disparo se le unió la guerra civil (1980-1992) y más tarde los largos años que gobernó El Salvador un partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo fundador, Roberto D'Aubuisson, fue también el autor intelectual del asesinato, según determinó la Comisión de la Verdad. Pero la historia ya está cambiando.
Se empezó a notar la noche del pasado 15 de marzo. Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acababa de ganar las elecciones. Por primera vez, la izquierda iba a gobernar El Salvador. Funes se quitó la chaqueta y la corbata, se puso una guayabera blanca -bajo la que se transparentaba un negro chaleco antibalas- y se dirigió a toda prisa hacia una plaza donde lo esperaba una multitud vestida de rojo. Allí, como si estuviera alzando una bandera, el candidato de los viejos guerrilleros convocó a la memoria de monseñor Romero: "Él dijo que la Iglesia tenía una opción preferencial con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres y a los excluidos".
No tenía sentido que Funes, ya presidente, iniciara tan ingente labor sin empezar reconociendo lo que hasta ahora los sucesivos presidentes de El Salvador -muy católicos todos- habían negado: la responsabilidad del Estado en el asesinato de quien fue llamado "la voz de los sin voz". El pasado viernes, en Washington, una representación del Gobierno salvadoreño se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Ameriucanos (OEA) a realizar una investigación judicial completa para "identificar, juzgar y sancionar" a todos los autores, materiales e intelectuales, del asesinato. De esta forma, el Gobierno de El Salvador reconoce, por primera vez y de forma plena, la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones. El paso es grande, pero inicia un camino lleno de obstáculos. Para empezar, en El Salvador existe desde 1993 una Ley de la Amnistía que bloquea cualquier investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra. Su derogación, como recordó ayer a este periódico Juan José Figueroa, portavoz de la cancillería salvadoreña, no depende del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa. No obstante, el FMLN ya tiene representación suficiente en la Asamblea para proponer, con ciertas garantías de éxito, la derogación de la ley.
A lo que sí se ha comprometido desde ya el Gobierno de Mauricio Funes es, según Figueroa, a llevar a efecto las otras dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Una es bautizar una plaza con el nombre de monseñor Óscar Arnulfo Romero. La otra consiste en realizar un vídeo para rescatar el legado moral y espiritual del arzobispo".
Ya que no la vida, sí al menos devolverle la voz al que alzó la suya por los que no la tenían...
