Adolfo Pérez Esquivel · · · · ·
Desde
la época de la dictadura militar y la política económica impuesta por Martínez
de Hoz, el país quedó amarrado hasta el día de hoy a los tribunales de EEUU y
otros poderes y al modelo de desarrollo consolidado bajo la fuerza extorsiva
del endeudamiento.
Ningún
gobierno cuestionó la legitimidad o legalidad de la deuda generada durante la
dictadura – con excepción del intento frustrado del Presidente Alfonsín y su
primer Ministro de Economía – pese a que afecta grave y continuamente al pueblo
y a la soberanía nacional.
Todos
los gobiernos que precedieron al actual actuaron de la misma forma: ocultaron
la verdadera situación del país y asumieron la deuda sin separar lo legítimo de
lo ilegítimo. Firmaron tratados de libre comercio y de “protección a las
inversiones”, ejecutaron las políticas de ajuste y privatización impuestas, y
así llegamos al 2001 con todas sus consecuencias.
Tanto
los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner continuaron con la misma
política, negándose a bajar el cuadro de la Deuda de la pared y manteniendo el
sometimiento del país a tribunales extranjeros, cediendo la soberanía nacional.
En otros términos, consolidaron la transformación del país en una colonia de
las grandes potencias y empresas, que imponen las condiciones de
financiamiento, inversión y comercio y la jurisdicción de tribunales o foros
arbitrales, como Nueva York o el CIADI, que siempre los van a beneficiar.
Muchas
organizaciones intentaron acercarse al gobierno para tratar la situación de la
deuda externa y proponer alternativas ciertas, como la realización de una
auditoria participativa e integral y la nulidad de las renuncias soberanas.
Lamentablemente sin resultado, pese al antecedente valioso de Ecuador, ya que hasta
ahora tanto el gobierno como el Parlamento, se niegan a investigar para
determinar si realmente hay deuda legítima pendiente de pago.
Es
preocupante que casi todos – el gobierno más la gran mayoría de la oposición –
parecen desconocer el juicio sobre la deuda externa iniciado por el patriota
Alejandro Olmos en el año 1982 y concluido en el 2000. El Poder judicial no ha
declarado aún las nulidades respectivas ni seguido con ahínco las causas
pendientes. El Poder ejecutivo tampoco ha impulsado los juicios y acciones
complementarias correspondientes en función de las más de 470 ilicitudes
comprobadas por el juez Ballestero en su decisión en la causa Olmos. Y el
Parlamento ha omitido actuar sobre la misma para determinar las
responsabilidades políticas de una deuda que continúa provocando graves daños
al país.
En
varias oportunidades fuimos al Congreso, con Alejandro Olmos y otros, tratando
de reunirnos y a conversar con diputados y senadores. Pero siempre fue casi
imposible. Si lográbamos reunir uno o dos, eran muchos; la indiferencia y falta
de conocimiento de la situación y consecuencias de la deuda externa para el
país, por parte de los legisladores, era casi total.
Hasta
el día de hoy, han pasado otros 14 años y los diputados y senadores no han
mostrado todavía la sabiduría y compromiso necesarios para cumplir con uno de
sus mandatos constitucionales, indelegables: el de “arreglar” la deuda. Por eso
las consecuencias de la misma siguen agravándose, provocando situaciones como
la actual con la transferencia permanente de capitales a la especulación y la
usura internacional y el juicio en los EEUU con sus fallos tan predecibles a
favor de los “fondos buitre” que compran por nada y quieren llevar todo. Las
consecuencias para el pueblo son siempre las mismas: mayor empobrecimiento,
falta de recursos para el desarrollo del país, la salud, educación y la
necesidad siempre pendiente de privilegiar la deuda interna con los derechos
del pueblo y de la naturaleza.
Lo
ocurrido con el embargo a la Fragata Libertad en Ghana fue grave y afectó la
soberanía nacional, como ahora pasa con las amenazas de posibles embargos y
bloqueos de fondos del país. El comportamiento de la justicia estadounidense –
no sólo el juez Griesa sino además, la Cámara de Apelaciones y la propia Corte
Suprema de EE.UU. – muestra con todo su peso que no toda ley es justa, ni
tampoco ciego el Poder judicial.
Pero
son conclusiones absolutamente previsibles y seguirán corriendo, y mal, a
nuestro país, si no se encare a fondo el raíz del problema que no son los
buitres precisamente, sino la entrega de nuestra soberanía a toda calaña de
buitres que anda volando, tanto por aquí como por allá, y la negativa a asumir
la ya comprobada ilicitud e ilegitimidad de la deuda. No sólo es repudiable la
deuda hoy en garras de los buitres reconocidos sino toda la deuda pública,
acumulada desde tiempos de la dictadura sobre la base de la represión, el
fraude y la complicidad, la nacionalización de las deudas de las grandes
empresas privadas, la fuga de capitales y otros crímenes más.
El
gobierno debiera repensar la política a seguir y no caer en el “masoquismo
político”, sabiendo los resultados que le espera, pero insistiendo en la misma
receta. Es necesario recuperar la soberanía y fortalecer la capacidad de
nuestro pueblo e instituciones para defendernos. Pero en vez de avanzar por ese
camino, el gobierno con total impunidad e irresponsabilidad continúa sometiendo
al país a tribunales extranjeros y ocultando al pueblo las cláusulas secretas,
como en los acuerdos con Chevrón.
Hemos
denunciado en reiteradas oportunidades que Chevrón es una empresa que escapó
del Ecuador, siendo condenada por la justicia de ese país a pagar 9 mil
millones de dólares por los daños ambientales, como a las comunidades
indígenas, que rechazó reparar. Chevrón se niega a pagar, y la justicia
ecuatoriana logra embargar sus inversiones en Argentina por los daños causados.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina levanta el embargo a
Chevrón, a fin de acordar con el gobierno nacional la explotación con el
sistema del fracking en Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.
Una
empresa con esos antecedentes actúa con total impunidad; hay que estar atentos
a la situación y la explotación de los recursos energéticos, como el petróleo y
el gas en la Provincia del Neuquén, en un país que ha renunciado a su soberanía
y quedado a la merced de quienes pretenden ser sus acreedores.
El
otro antecedente preocupante a tener en cuenta es el acuerdo reciente con
China, ya que reitera el gobierno la misma política de renunciar a la soberanía
nacional, sometiéndose incluso a los tribunales de Gran Bretaña.
¿Pueden
explicar por qué el gobierno se niega a actuar sobre las investigaciones y
decisiones de la justicia argentina, o de realizar una Auditoria para separar
la deuda legítima de la ilegítima e investigar los daños causados por la deuda
externa e ilegítima al país? ¿Cuáles son los motivos para que el Parlamento y
el Poder Judicial omiten impulsar las acciones que les competen al respecto?
Hoy
el país sufre las consecuencias de la incapacidad y falta de voluntad política
de parte de sus diversas autoridades, situación que genera mayor
empobrecimiento, marginalidad y pérdida de los bienes comunes, que son
patrimonio del pueblo y de la naturaleza y no del gobierno de turno.
Organizaciones
sociales, de derechos humanos, sindicatos, movimientos populares y religiosos
están movilizados reclamando a los tres poderes estatales argentinos –el Poder
Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial-, que asumen sus responsabilidades de
acuerdo a la Constitución Nacional y los derechos humanos.
Y
que abran instancias de dialogo con todos los sectores sociales, sindicales y
políticos, que deben ser escuchados en el ejercicio democrático para buscar
salidas superadoras de los errores cometidos.-
Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz
Fontes:
Texto: http://www.sinpermiso.info/
Imagem: http://bodyart.batanga.com/
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